El Tribunal Superior de Kenia declaró hoy ilegal la reciente deportación a Canadá del prominente político y abogado de la oposición, Miguna Miguna, a quien el gobierno acusó de traición por su rol en el Movimiento de Resistencia Nacional

El fallo dictado este jueves por la corte suprema podría intensificar aún más las tensiones entre el gobierno del presidente Uhuru Kenyatta y el poder judicial, suscitadas a raíz de la respuesta gubernamental a la “juramentación” simbólica del líder opositor Raila Odinga como “presidente del pueblo”.

Al emitir su dictamen, el juez del tribunal, Luka Kimaru, calificó como ilegal la deportación de Miguna, considerado general del Movimiento de Resistencia Nacional, creado por Odinga para restaurar la democracia en el país, luego de rechazar la victoria electoral de Kenyatta.

Kimaru ordenó a las autoridades del Ministerio del Interior que presentaran el pasaporte keniano de Miguna en el tribunal dentro de los próximos siete días para corroborar la veracidad de ese documento.

La semana pasada, el Ministerio del Interior anuló la ciudadanía keniana de Miguna con el argumento de que había adquirido su pasaporte de manera ilegal y deportó al abogado opositor a Canadá porque también es ciudadano de esa nación americana.

La deportación se produjo mientras Miguna se encontraba bajo arresto acusado de traición por haber participado en la “toma de protesta” de Odinga como “presidente del pueblo” el pasado 30 de enero en el enorme Parque Uhuru, en el centro de la capital Nairobi.

Una corte había ordenado la liberación inmediata del político bajo fianza, pero las autoridades responsables ignoraron el fallo judicial y en su lugar enviaron a Miguna a Canadá.

Tras conocer el dictamen emitido por el juez este jueves, el Ministerio del Interior respondió rápidamente con una declaración en la cual aseguró que apelaría la decisión, de acuerdo con reportes del periódico keniano The Standard.

El gobierno keniano ha incumplido una serie de órdenes judiciales, entre ellas la de la liberación de Miguna, por lo que el presidente de Tribunal Superior, David Maraga, reprendió a las autoridades y advirtió que las haría cumplir con las resoluciones ya que estaban obligadas a hacerlo.