Más de 10 mil 450 civiles perdieron la vida o sufrieron heridas por la violencia en Afganistán durante 2017, denunció hoy la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA)  en su informe anual sobre el impacto del conflicto armado.

De acuerdo con el documento “Informe Anual 2017”, realizado por la UNAMA y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), tres mil 438 civiles perdieron la vida y siete mil 015 más resultaron heridos por atentados o ataques en esta nación árabe.

Aunque la cifra total de víctimas representó una disminución del 9.0 por ciento en comparación con 2016, el informe destacó el alto número de víctimas causadas por los atentados suicidas y otros ataques con artefactos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés).

"Las escalofriantes estadísticas de este informe proporcionan datos creíbles sobre el impacto de la guerra, pero las cifras por sí solas no pueden capturar el espantoso sufrimiento humano infligido a la gente común, especialmente a mujeres y niños", indicó Tadamichi Yamamoto, representante de la ONU para Afganistán.

En un comunicado, Yamamoto, quien también dirige la UNAMA, expresó su profunda preocupación por el aumento del daño a civiles causado por los ataques suicidas durante el año pasado, según un reporte de la agencia Pajhwok Afghan News (PAN).

"Estoy particularmente consternado por el uso continuado e indiscriminado de artefactos explosivos improvisados, como bombas suicidas y dispositivos con placas de presión en áreas pobladas por civiles. Esto es vergonzoso", indicó.

La segunda causa de las bajas civiles en Afganistán durante 2017 fue los enfrentamientos entre los elementos antigubernamentales y las fuerzas progubernamentales, aunque también tuvo una disminución de 19.0 por ciento, respecto a los niveles récord de 2016.

El informe atribuye cerca de dos tercios del total de bajas civiles, es decir un 65.0 por ciento, a elementos antigubernamentales, 42.0 por ciento más a la insurgencia Talibán, 10.0 por ciento al grupo Daesh/Provincia de Khorasan (EI-KP), el ala del Estado Islámico (EI) en Afganistán, y el 13.0 por ciento a otros factores.

Las fuerzas progubernamentales causaron una quinta parte de las bajas civiles, el 16.0 por ciento se atribuyó a las fuerzas de seguridad nacionales afganas, el 2.0 por ciento a tropas extranjeras, y 1.0 por ciento a grupos armados progubernamentales y las fuerzas progubernamentales indeterminadas.

“El fuego cruzado no atribuido durante enfrentamientos terrestres entre elementos antigubernamentales y fuerzas progubernamentales causó el 11.0 por ciento de las víctimas civiles”, destacó el reporte de la UNAMA.

Respecto a las mujeres y niños que cobró la violencia el año pasado, la agencia de las ONU documentó la muerte de un total de 359 féminas, un aumento del 5.0 por ciento, y 865 que resultaron heridas, mientras que 861 menores perdieron la vida y dos mil 318 fueron lesionados, una disminución de 10.0 por ciento respecto al total de 2016.

Asimismo, los ataques en los que los elementos antigubernamentales agredieron deliberadamente a civiles representaron el 27.0 por ciento del total de víctimas civiles registradas en Afganistán, principalmente por actos suicidas. 

El incidente más mortífero de este tipo documentado hasta ahora por la UNAMA, desde 2009 cuando comenzó su registro, ocurrió el 31 de mayo pasado en Kabul, cuando un atacante suicida detonó un camión cargado con aproximadamente dos mil kilos de explosivos en una zona densamente poblada, provocando la muerte de 92 civiles y 491 lesionados.

"Los civiles afganos han sido asesinados en su vida cotidiana: al viajar en un autobús, rezar en una mezquita o simplemente pasar frente a un edificio que fue atacado. El pueblo de Afganistán, año tras año, continúa viviendo en la inseguridad y el miedo, mientras que los responsables de poner fin a vidas escapan al castigo", apunto Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Tales ataques, agregó, están prohibidos por el derecho internacional humanitario y es probable que, en la mayoría de los casos, constituyan crímenes de guerra. “Los perpetradores deben ser identificados y rendir cuentas", subrayó.

El informe elogia las medidas adoptadas por el gobierno del Afganistán y las fuerzas de seguridad progubernamentales en 2017 para proteger a las comunidades, destacando que hubo una reducción del 23.0 por ciento en las bajas civiles atribuidas a las fuerzas progubernamentales.

Además, entre sus recomendaciones, el documento insta a las partes en el conflicto a tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles y las instalaciones de ese tipo y llama a los grupos antigubernamentales a cesar sus ataques deliberados contra ese sector y el uso indiscriminado y desproporcionado de artefactos explosivos.