A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó resolver el amparo sobre el derecho de las personas con discapacidad para construir asociaciones civiles.

Durante la sesión de este miércoles, el pleno del máximo tribunal del país determinó la reasunción de competencia 63/2017 en la que determinó conocer de un asunto relacionado con derechos de las personas con discapacidad.

Lo anterior, en lo relativo a su derecho y capacidad jurídica para constituir asociaciones civiles, así como su derecho a que las escrituras públicas que firmen sean también emitidas en una versión de lectura fácil.

En el asunto que la Suprema Corte decidió reasumir competencia, un grupo de personas con diversas discapacidades intelectuales, motrices y psicosociales, acudieron ante un notario público con el fin de formar una asociación civil cuyo fin era defender sus derechos.

Además, solicitaron que se realizara una versión de lectura fácil de la escritura correspondiente.

Sin embargo, el notario les manifestó que no podía hacer esa escritura ya que de acuerdo a la Ley del Notariado y el Código Civil las personas con discapacidad, carecen de capacidad de ejercicio, por lo que no podían, por sí mismos, firmar la escritura, además de que rechazó generar una versión de lectura fácil al instrumento.

Por ello, las personas implicadas promovieron un amparo en el que manifestaron que los artículos antes mencionados eran discriminatorios.

No obstante, el juez de distrito determinó que el amparo no era procedente, ya que dichas normas nunca habían sido aplicadas por una autoridad -en tanto el notario no es autoridad-.

Ante ello, el ministro Zaldívar propuso que la Primera Sala conociera del asunto, ya que su estudio permitiría pronunciarse sobre la afectación y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

En efecto, en el asunto se plantea el estudio de la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, sus derechos de acceso a la justicia, a no ser discriminadas, a no ser sujetas a tratos degradantes y a que se emitan versiones accesibles de los instrumentos en los que sean parte.

Asimismo, en el proyecto aprobado por la Primera Sala se manifestó que en el asunto también se plantea la duda de si cuando se impugnan normas que envían un mensaje discriminatorio en contra de las personas con discapacidad es necesario exigir un acto de aplicación.