Los gobiernos de Colombia y Brasil asumieron el compromiso de cooperar en la lucha contra prácticas ilícitas que involucren a empresas privadas, informó la Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC).

En un comunicado emitido en esta capital, la SSC indicó que pactó junto con la Contraloría General de la Unión de la República Federativa de Brasil (CGU), adscrita al Ministerio de la Transparencia, trabajar de manera conjunta a través del intercambio de información, para investigar y sancionar esas conductas.

El documento fue firmado el viernes pasado por el superintendente de Sociedades de Colombia, Francisco Reyes Villamizar, y por el ministro de la Transparencia y Contraloría General de la Unión de Brasil, Wagner De Campos Rosario.

El objetivo es “establecer un mecanismo de asistencia mutua e intercambio de información entre la CGU y la Superintendencia, para efectos de facilitar la investigación y sanción de cualquier persona jurídica domiciliada en la República de Colombia o en la República Federativa del Brasil, que haya participado en la comisión del delito o infracción administrativa de cohecho de servidores públicos extranjeros”.

Según el memorando de entendimiento, “las Instituciones que representan comparten un interés común en lo referente a la adopción de una política integral para prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros, así como otros actos de corrupción”.

Agrega el texto del documento que, para alcanzar ese objetivo común, “son necesarias e importantes la comunicación y la cooperación mutua, pronta y eficaz, mediante el uso de los instrumentos jurídicos vigentes en ambos países”.

Reyes Villamizar afirmó que “el intercambio de información y la cooperación recíproca son instrumentos valiosos y eficaces en la lucha con los flagelos de la corrupción y el cohecho, teniendo en cuenta que se han convertido en fenómenos transfronterizos, que implican un desafío para la comunidad internacional”.

El acuerdo establece además “la imperativa sujeción a las disposiciones de los acuerdos multilaterales y bilaterales vigentes de los que son parte los Estados de las Instituciones Firmantes, particularmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.