Empresarios de diversos ramos firmaron un convenio de colaboración con la estrategia Escudo Yucatán, para blindar más al territorio y garantizar la paz social para todos los habitantes de esta entidad.

Con el compromiso signado, líderes y personal de Super Willys, Casa Santos Lugo, Bachoco, Centro Cambiario Meritrade y Seguridad Privada Tecnológica Avanzada se convierten en vigilantes sociales.

Esas empresas ahora colaborarán desde sus negocios con las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), así como con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La titular de la SGG, Martha Góngora Sánchez, señaló que el capital humano de estas firmas recibirá sensibilización, información y adiestramiento sobre las manifestaciones de violencia, los factores de riesgo desencadenados y sus consecuencias.

Es decir, continuó, se fortalece la protección de manera integral, pues este mensaje y llamado de estar unidos para cuidar la seguridad pública llegará a sus familias y a sus comunidades.

Señaló que se capacitará a los trabajadores en estrategias de prevención de la violencia y del delito, así como en búsqueda y localización de personas extraviadas, desaparecidas y víctimas.

También, se difundirá información sobre programas que se lleven a cabo respecto de límites de velocidad de vehículos, alcoholímetro, asientos infantiles, cinturón de seguridad, despolarizado y uso del teléfono celular al volante.

El fiscal General, Ariel Aldecua Kuk, afirmó que este convenio refuerza la visión de colaborar con la iniciativa privada para mantener a Yucatán como el estado seguro que ha sido hasta ahora.

"Cuando se suman los esfuerzos, los objetivos se logran de manera eficiente y este convenio es una clara muestra de la confianza que tiene el sector privado en sus instituciones de procuración de justicia y seguridad, como la Secretaría de Seguridad Pública", expresó.

El titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, expuso que la percepción de seguridad en la entidad ha incrementado, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016, era de 68.5 por ciento y, en 2017, mejoró 4.3 puntos para situarse en 72.8.

"No sólo conservamos la seguridad y paz, sino que aumentamos la percepción en la ciudadanía”, añadió.

Recalcó que al final de la administración, el territorio deberá contar con dos mil 300 cámaras de vigilancia, cuando al inicio eran poco más de 100. Esto complementa a las mil 500 unidades que operan en los 106 municipios, personal altamente capacitado y trabajo coordinado con las policías municipales.