La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación preliminar sobre la "fuerza excesiva" de la Policía de Venezuela para reprimir las manifestaciones registradas entre abril y julio de 2017, que dejaron 124 muertos y miles de heridos.

“Tras una revisión cuidadosa, independientemente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI, he decidido abrir un examen preliminar de cada una de estas situaciones", anunció este jueves la Fiscal Fatou Bensouda.

En un comunicado, la Fiscal destacó que la Corte, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, analizará crímenes presuntamente cometidos en Venezuela desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa.

"En particular se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención", señaló.

También se analizará denuncias de que "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", subrayó la fiscal en su declaración, difundida en el sitio de la CPI.

Bensouda aclaró que un análisis preliminar no es una investigación como tal, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, “si existe fundamento razonable para proceder a una investigación".

El examen preliminar sobre Venezuela analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en el país caribeño contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

La Fiscal señaló que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de "los hechos y circunstancias de cada situación" y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.

Por otra parte, Bensouda también indicó que examinará presuntos crímenes cometidos en Filipinas desde julio de 2016 en el marco de la campaña denominada "guerra contra las drogas" lanzada por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte.

"Específicamente, se ha alegado que desde el 1 de julio de 2016 se han asesinado a miles de personas por razones relacionadas con su presunto involucramiento en el uso o tráfico ilegal de drogas", indicó la Fiscal, tras afirmar que ha seguido de cerca las situaciones en la República de Filipinas y en la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud del artículo 53 (1) del Estatuto de Roma, como Fiscal, debo considerar las cuestiones de jurisdicción, admisibilidad y los intereses de la justicia al hacer esta determinación, apunto Bensouda

“La CPI tendría jurisdicción sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en los respectivos territorios de Filipinas y Venezuela o sus respectivos ciudadanos desde la fecha en que el Estatuto entró en vigor en cada Estado, es decir, desde el 1 de noviembre de 2011 en el caso de Filipinas, y desde el 1 de julio de 2002, en Venezuela”, concluyó.