Un tiradero de escombro establecido ilegalmente dentro del Área de Protección de Flora y Fauna "La Primavera" (APFFLP), en el municipio de Zapopan, Jalisco, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dentro del Área Natural Protegida (ANP) Área de Protección de Flora y Fauna "La Primavera", personal de la dependencia realizó una visita de inspección en materia de impacto ambiental al sitio señalado, para atender a una denuncia ciudadana.

En la inspección se observó área con diversos montículos de escombro compuestos por concreto fragmentado, así como ladrillo, basura inorgánica esparcida por la zona y 18 llantas de diferentes dimensiones, pero no se encontró maquinaria ni trabajadores realizando labores.

Al solicitarle al visitado la documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se autorice en materia de impacto ambiental, el establecimiento del tiradero de escombro dentro del ANP, éste manifestó no contar con la misma.

Por lo anterior, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del sitio inspeccionado, misma que se mantendrá hasta en tanto no se exhiba la documentación oficial requerida para este tipo de actividades.

El 7 de junio de 2000, “La Primavera” fue declarada Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna; comprende la zona de traslape entre dos provincias florísticas: la Sierra Madre Occidental y las Sierras Meridionales o Eje Neovolcánico Transversal.

Está constituida por áreas montañosas aisladas, donde se distribuyen diferentes comunidades vegetales, conformadas por bosques de encino-pino, encino, pino, vegetación riparia y bosque tropical caducifolio.

El APFFLP se puede identificar como una corriente de bienes y servicios ambientales principalmente para la ciudad de Guadalajara, proporcionando protección a la cuenca y subcuencas hidrológicas en que se ubica, representando uno de los principales aportes de agua a la región.

Funciona como fundamental sitio para la captación, filtración, transporte y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas.

En caso de carecer de la correspondiente autorización en materia de Impacto Ambiental, el responsable podría hacerse acreedor a una sanción económica equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización vigente.