La agrupación argentina Madres de Plaza de Mayo resistió hoy un allanamiento judicial ordenado en el marco de una causa que investiga un millonario fraude con programas sociales para la construcción de viviendas.

Por orden del juez Javier Cosentino, 10 funcionarios judiciales llegaron esta mañana a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en el centro de Buenos Aires, con la intención de allanarla y clausurarla.

Las Madres impidieron el procedimiento, encabezadas por su presidenta, Hebe de Bonafini, quien advirtió que la medida forma parte de una persecución ilegal y política en contra del organismo de derechos humanos, dedicado a la búsqueda de desaparecidos de la antigua dictadura.

Los funcionarios, por su parte, explicaron que el juez había ordenado que efecturan un inventario como parte de los juicios por indemnización que llevan a cabo trabajadores que participaron en los proyectos de vivienda que realizaron las Madres.

De Bonafini advirtió que anoche se enteró de que allanarían el organismo y por eso este lunes fue muy temprano al inmueble junto con las otras integrantes de la Asociación, a pesar de que no fueron notificadas debidamente.

“No les vamos a abrir, si quieren entrar van a tener que romper todo, pensaban que no nos íbamos a enterar pero acá estamos encerradas y defendiendo lo que amamos tanto y que construimos con tanto amor para el pueblo”, dijo.

La dirigente de 89 años agregó que los funcionarios judiciales incluso pidieron el apoyo de fuerzas policiales para cumplir con el allanamiento, lo que finalmente no ocurrió.

Los problemas judiciales de uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos a nivel internacional comenzaron en 2011, cuando una auditoría reveló un fraude en el manejo de recursos públicos.

Leandro Despouy, entonces titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), dio a conocer un informe pormenorizado sobre el programa de viviendas sociales Misión Sueños Compartidos que manejaron los hermanos Sergio y Pablo Shockender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

De acuerdo con la auditoría, el gobierno destinó a la organización mil 300 millones de pesos (162 millones de dólares de esa época), recursos con los que se construyeron 822 casas a pesar de que se habían prometido cuatro mil 757.

La denuncia impactó en la política interna porque los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández habían sido acusados de “comprar” a los organismos de derechos humanos, otorgándoles recursos y apoyando la lucha que llevan a cabo desde la última dictadura (1976-1983).

Más allá de filias y fobias políticas, el hecho concreto fue que Sergio Schoklender manejó recursos millonarios del Estado durante años, amparado por el gobierno y la líder de Madres.

De Bonafini conoció a los Schoklender cuando purgaban condena por haber asesinado en 1981 a sus padres, en uno de los casos de nota roja que más ha conmocionado a la sociedad argentina, y una vez que quedaron libres, prácticamente los adoptó.

Aunque la dirigente siempre ha insistido en que las Madres no tenían responsabilidad alguna en el manejo de los fondos y que ellas mismas fueron víctimas del fraude, la justicia la procesó a ella y a los Schoklender por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.