La senadora Yolanda de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa una iniciativa para que los policías que sean dados de baja por reprobar los cursos de capacitación y exámenes de control de confianza no puedan impugnar los resultados, a fin de avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos.

La legisladora, en su propuesta de reforma al artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública consideró que la aplicación de estas pruebas es un requisito indispensable para garantizar la idoneidad y la confiabilidad en el desempeño de los servidores públicos.

Recordó que a partir del 2009, con la expedición de este ordenamiento, se establecieron en su artículo 88, los requisitos de permanencia para los elementos de estas corporaciones, entre éstos, aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización, los procesos de evaluación de control de confianza y el de desempeño.

Aunado a ello, añadió, el artículo 74 de la citada Ley, establece que no será procedente la reinstalación o restitución, en caso de incumplimiento en separación por la no aprobación de dichas evaluaciones, por lo tanto, sólo se procederá a la indemnización, en caso de que se acredite una separación del cargo injustificada.

En su página en Internet, el grupo parlamentario del PRI en el Senado publicó que las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

La senadora por el estado de Durango precisó que no obstante que la ley especifica que en caso de impugnación sólo se podrá hacer por separación injustificada y las determinaciones jurisdiccionales deben ser en el sentido de proponer una indemnización, existen a la fecha diversos litigios de quienes han reprobado dichos exámenes.

Sin embargo, estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que son constitucionales los artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que prevén despedir a los agentes que reprueben la evaluación y control de confianza, por lo que consideró establecerlo en el ordenamiento.