La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) demandó la apertura a la crítica de la y los gobernadores, así como del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, les solicitó el reconocimiento, en la práctica, de la legitimidad de los defensores de los derechos fundamentales y el establecimiento de una agenda común en la materia, pues calificaron de alto riesgo su actividad.

Los ombudsoperson exigieron al gobernador de Baja California Sur intensificar las investigaciones del homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, Silvestre de la Toba Camacho, para dar con los responsables y se les castigue conforme a la ley.

Mediante un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandaron garantías para resguardar su seguridad y la de su personal, así como presupuesto suficiente para hacer realidad su encomienda de defender y promover los derechos humanos de la población.

En reunión de trabajo en el Museo de la Ciudad de México, los ombudsperson, 13 gobernadores, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como 18 representantes de mandatarios de entidades federativas, acordaron impulsar conjuntamente el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Además, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas; establecer una agenda de temas a desarrollar y crear mecanismos para atender casos específicos, como el reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos.

En el encuentro, al que asistió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Arturo Núñez Jiménez, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que “la voluntad política que se traduce en hechos es el mejor camino para ver los avances que vayamos teniendo”.

El presidente de la CNDH reprobó el asesinato del ombudsman De la Toba Camacho, quien se convirtió en la primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por la Constitución, caso que continúa en la impunidad.

“No se debe confundir a la sociedad –dijo a los gobernadores— con afirmaciones falaces, como el señalamiento de que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello las violaciones de los derechos fundamentales”, aseveró.

Acompañado por el presidente de la FMOPDH y ombudsman de Puebla, Adolfo López Badillo, el titular de la CNDH recordó la importancia de cumplir con las Recomendaciones Generales 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” y 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”.

En ambas recomendaciones se destaca el contexto de riesgo que enfrentan y la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen acciones de política pública que abonen en la prevención de las agresiones que reciben.

Además, les solicitó realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, a fin de respetar sus derechos en el ejercicio de sus actividades, así como sensibilizar a la población en general y especialmente, a los servidores públicos.

González Pérez pidió tomar conciencia que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos requieren de presupuestos públicos a la altura del principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles.

A su vez, López Badillo señaló que los organismos públicos de derechos humanos son órganos del Estado y defensores de la sociedad, y que cada resolución que emiten es en beneficio de las personas y la población, y la hacen con estricto apego a la ley, coadyuvando con el ejercicio de la función pública.

Expresó que debe resolverse la crisis de seguridad pública, que ha cobrado la vida de un ombudsman estatal, ya que están inermes ante el ataque de la delincuencia organizada, y dijo que la defensa y la promoción de los derechos humanos necesita continuidad, ya que no sólo beneficia a la ciudadanía, sino a las mismas autoridades.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que la política de derechos humanos del Estado mexicano no está a discusión, porque está plasmada en la Constitución.

Ofreció que este 2018 el gobierno federal batirá el récord de cumplimiento de las recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

El país, enfatizó, tiene una larga tradición de la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. "Tenemos un andamiaje en la materia de los más robustos del planeta".

En su oportunidad, el coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció la necesidad de implementar acciones de gobierno eficaces para cambiar lo que no funciona y permita violaciones de derechos humanos, toda ves que es indispensable subsanar donde haya ausencia de normas y leyes y dar fin a esas violaciones a derechos humanos.

El gobernador Arturo Núñez solicitó al ombudsman nacional presentar un anteproyecto de convenio a firmar por todos los gobernadores.

La voluntad de apoyar y contribuir con todos los organismos defensores de derechos humanos es clara. Hay leyes y protocolos nacionales y estatales para que las cosas se hagan bien, aseguró.

De acuerdo con el mandatario tabasqueño, a los gobernadores no les molesta que organismos internacionales se asomen a nuestro país para ver la situación de derechos humanos, pero qué mejor que fueran las instituciones mexicanas las que actúen en ese sentido.

Gobiernos y ombudsperson no son adversarios, sino corresponsables del cumplimiento de las leyes, puntualizó.