La bancada del PRI en el Senado de la República refrendó su apoyo a los alcances de la Ley de Seguridad Nacional, pues cumple con todos los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y respeto entre los tres órdenes de gobierno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, confió en que esa ley se mantendrá vigente en el país, no obstante las nueve controversias promovidas en su contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La nueva ley, argumentó, tiene pilares constitucionales, lo cual no impide por ningún motivo que grupos y organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la impugnen, pues están en su derecho.

Sin embargo, reiteró que la ley cuenta con los fundamentos reglamentarios y legítimos, para que los ministros de la Corte la declaren válida; “estoy convencido de que es constitucional".

"Sí hay constitucionalidad en la ley", y no contraviene ninguna disposición en materia de derechos humanos, reiteró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las Fuerzas Armadas, el Ejército y Marina "no tienen injerencia ni en detenciones, ni en procesos prejudiciales, no tienen participación.No advierto en dónde está la violación a los derechos humanos. No hay detenciones, tampoco hay funciones de seguridad pública, no están sustituyendo a la seguridad pública”, recalcó.

Gurgos García recordó que tanto el Ejército como la Marina solicitaban con argumentos un marco jurídico para sustentar su actuación en el combate al crimen organizado en las regiones del país donde se requieran y con tiempos definidos.