La ratificación de la condena a Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero supone un golpe a sus aspiraciones políticas, pues para participar en los comicios de octubre a un tercer mandato deberá obtener el aval de cortes superiores o posponer por vía de recursos la condena ratificada hoy en segunda instancia.

La ley Ficha Limpa en Brasil inhabilita a condenados en segunda instancia por tribunales colegiados por penas como lavado de dinero o corrupción, pero no hay consenso entre los juristas sobre si la ratificación de este miércoles por unanimidad de los tres jueces impedirá a Lula participar en las elecciones.

A pesar de ser condenado en segunda instancia, Lula podría entrar con un recurso para, de esta forma, demorar la condena en firme en segunda instancia, y de esta forma permitir que se registre su candidatura hasta el 15 de agosto.

“No lo deja automáticamente inelegible, pero [la condena hoy] crea una barrera que Lula tendrá que superar en la Justicia electoral”, dijo la profesora de derecho Silvana Batini, docente en la Fundación Getulio Vargas.

Sus abogados indicaron este día que recurrirán al fallo judial, que consideraron "autoritario".

Algunos juristas estiman que, incluso si se agotan los recursos en segunda instancia, será finalmente la Justicia electoral y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil los que decidan sobre si puede o no registrar su candidatura y de esta forma presentarse a las elecciones.

Expertos en derecho llevan semanas especulando acerca del impacto de este juicio para el futuro político de Lula, y algunos juristas opinan que ello no quedará definitivamente esclarecido hasta septiembre, cuando la Justicia electoral decide sobre las candidaturas y las urnas son programadas con los nombres de los candidatos, pues en Brasil el voto es electrónico.

Presidente de 2003 a 2010, Lula da Silva, encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre, con cerca del 36 por ciento de la intención de voto, según sondeos de finales de 2017, y su rechazo entre los electores incluso disminuyó desde que fue condenado en primera instancia en julio de 2017.

El exmandatario, de 72 años, niega cualquier irregularidad y asegura que su juicio es una persecución judicial con vistas a dejarle fuera de la contienda electoral, mientras su Partido de los Trabajadores (PT) rechaza un ‘plan B’ e insiste que Lula es su único candidato.

Los sectores políticos de centroderecha, con programas contrapuestos a los de Lula, además del propio presidente Michel Temer, señalaron en las últimas semanas que sería mejor “vencer” al exsindicalista en las urnas y, por lo tanto, no impedirle que participara en los comicios.

Con todo, hay versiones de que el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, podría ser el candidato de reserva del PT, aunque él mismo negó este mes que vaya a participar en los comicios.

Brasil celebra en octubre próximo elecciones generales para un nuevo Parlamento y un nuevo presidente, tras cuatro años de turbulencia como consecuencia del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff y la peor crisis económica en ocho décadas.