La ciudad de Porto Alegre, situada en el sur de Brasil, extrema las medidas de seguridad con el despliegue de más de cuatro mil miembros de las fuerzas del orden, incluidos francotiradores, en vísperas de que un tribunal de apelación decida sobre la condena a más de nueve años de cárcel por corrupción contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Policías militares y civiles, así como miembros de la Fuerza Nacional, fueron desplegados en la capital del estado de Río Grande do Sur para garantizar que el juicio de apelación de mañana se celebre sin incidentes, a pesar de las movilizaciones a favor y en contra del exmandatario.

Las autoridades locales informaron que cuatro mil 500 miembros de las fuerzas del orden fueron movilizados en la ciudad, donde se creará un cordón de seguridad para aislar los alrededores de la sede del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4).

Al menos tres mil manifestantes a favor de Lula, entre ellos miembros del Movimiento Sin Tierra (MST), llegaron a Porto Alegre para el juicio, que puede decidir no solo el futuro judicial de Lula, sino también su destino político, pues podría quedar inhabilitado y, por lo tanto, fuera de las elecciones de este año.

Los movimientos sociales que respaldan a Lula y su propia formación, el Partido de los Trabajadores (PT), denuncian que la condena de nueve años y seis meses por corrupción que determinó el juez Sergio Moro, célebre por su trabajo en la trama de la Operación Lava Jato, es parcial y está politizada.

Moro condenó al exmandatario, presidente entre 2003 y 2010, al entender que se benefició de la remodelación millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Con todo, el juez permitió que Lula recurriera en libertad a la condena. Sin embargo, sus abogados piden en la apelación presentada al TRF4 que el expresidente sea absuelto, pues no es dueño del inmueble, y, en los alegatos finales, arguyen que la causa prescribió, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en 2009.

Los tres jueces de apelación que deben decidir sobre el recurso serán escoltados mañana hasta la sede judicial y podrían incluso llegar en helicóptero si existe algún riesgo, según las autoridades brasileñas de Río Grande do Sur.

Lula, que lidera todas las encuestas para las elecciones de octubre e incluso vio su popularidad aumentar tras su condena, no podrá declarar en el juicio, pero se prevé que viaje este día a Porto Alegre para participar de protestas a su favor.

No está claro cuál será el impacto de una eventual confirmación de su condena sobre sus derechos políticos, y juristas de todo tipo llevan semanas discutiendo en Brasil si la Ley de Ficha Limpia, que impide a condenados por corrupción en segunda instancia presentarse a elecciones, se aplicará ipso facto en caso de que Lula sea declarado de nuevo culpable.

Si dos de los tres jueces votan a favor de su condena, Lula tendría derecho todavía a un recurso en la sede judicial, mientras que si hay decisión unánime algunos juristas indican que la sentencia sería firme, lo que podría conllevar su encarcelación, y sólo quedaría la opción de recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

El PT de Lula lleva semanas advirtiendo del impacto social de una condena que, a juicio de la izquierda, es un intento de dejar fuera al expresidente de los comicios por vía judicial.

Más de 200 mil personas firmaron un manifiesto en el portal change.org en el que señalan que “elección sin Lula es fraude”, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, llegó a decir hace unos días que para encarcelar al expresidente “se tendrá que matar a gente”.

El PT asegura, además, que no tiene “plan B” para los comicios de octubre en caso de que Lula sea inhabilitado.

El juicio expone de nuevo la fractura política que sufre Brasil desde 2015, cuando comenzó el proceso de juicio político que desembocó en la destitución de Dilma Rousseff en mayo de 2016, considerada un “golpe” por parte de la izquierda.