El Tribunal Supremo de España denegó la petición de la Fiscalía General del Estado de España para detener al expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras conocerse que se desplazó de Bélgica a Dinamarca.

El juez Pablo Llarena respondió con una negativa a la solicitud del Ministerio Público que vio en ese viaje a Copenhague la oportunidad para detener a Puigdemont por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El dirigente independentista, que está en Bélgica porque es el único país de la Unión Europea que le permite no ser aprehendido hasta que se desarrolle judicialmente un proceso de extradición, y su viaje a otro Estado le ponía en riesgo de ser arrestado.

Tras recibir la petición de la Fiscalía para activar el aseguramiento del político catalán, Llarena emitió un auto en el que asegura que la solicitud se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención solicitada.

Por ello, pospone la decisión de activar el arresto de Puigdemont a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión de la orden de captura.

Asimismo, estimó que debe esperar a que el desarrollo de la investigación permita que el Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración.

“La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico”, expuso el juez.

Consideró que con ello Puigdemont busca convertir el proceso judicial “en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”.

El viaje de Puigdemont y la petición de la Fiscalía coincide con el anuncio del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que propone a Puigdemont (diputado electo en las elecciones de diciembre pasado) como nuevo presidente catalán.

Ante ello, el juez considera que al no poder volver a España para estar presente en un debate de investidura, el líder independentista provoca su detención en el extranjero para justificar su ausencia como una imposición judicial en su contra.

“Busca favorecer la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término, forzando además un contexto en el que pueda delegar su voto”, abundó el juez.