El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al gobierno federal dar a conocer las solicitudes de apoyo a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en los estados del país.

De acuerdo con un comunicado del INAI, a través de la Secretaría de Gobernación debe entregar versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal militar, expedidos por entidades federativas entre diciembre de 2006 y agosto del año pasado.

Al presentar el asunto ante el pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que para garantizar el derecho de acceso a la información y proteger los datos susceptibles de ser clasificados por seguridad nacional, se verificaron los documentos solicitados y el estudio conducente.

De esta manera, informó, se apegó a lo previsto en el Artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia, conforme al cual el análisis de la información reservada tiene que efectuarse caso por caso y con la aplicación de la prueba de daño.

La información fue requerida por un ciudadano quien solicitó los documentos mediante los cuales los gobernadores de algunos estados solicitaron a la dependencia federal la intervención de las Fuerzas Armadas en su entidad, para apoyar a las autoridades encargadas de la seguridad pública.

En su respuesta, el sujeto obligado clasificó los documentos requeridos en su integridad como reservados, argumentando que su difusión puede vulnerar tanto la seguridad nacional como la seguridad pública.

En este sentido, la comisionada Kurczyn Villalobos advirtió que la dependencia hizo valer la clasificación de la información sin determinar previamente, sobre qué expresión documental aplicaba la misma y refirió que la prueba de daño resultó insuficiente para la clasificación total de los documentos.

El ciudadano presentó un recurso de inconformidad con la reserva invocada por la Secretaría de Gobernación, por lo que al estudiar el caso la comisionada advirtió que el sujeto obligado clasificó los documentos íntegros, sin analizar si contenían información que pudiera entregarse al particular, ni especificar la prueba de daño de acuerdo con las diversas hipótesis que considera cada fracción de los Lineamientos Generales.

Así, llegó a la conclusión que es improcedente la reserva íntegra de los documentos requeridos ya que en las solicitudes realizadas por los gobernadores no sólo obra información sensible a la seguridad nacional y pública, sino que también constan datos de carácter genérico que no son susceptibles de protección.

En este punto, la comisionada argumentó que los datos generales corresponden a referencias de periodos de vigencia de convenios de colaboración; requerimientos de reuniones, así como nombres de instrumentos legales previamente suscritos, que no dan cuenta de métodos o acciones de coordinación específicas en materia de seguridad.

Por ello el INAI, a propuesta de Kurczyn Villalobos, determinó modificar la respuesta de la dependencia federal y le instruyó entregar al particular versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal militar, expedidos por cuatro estados y dirigidos a la secretaría, entre diciembre de 2006 y agosto 2017.

En los documentos únicamente se deben testar aquellos datos que impacten en temas de seguridad pública y nacional como: municipios involucrados; motivos específicos de ayuda expuestos por gobiernos locales y/o municipales; descripción del tipo de personal requerido, características de sus funciones, cantidad de elementos requeridos por municipio, localidades o áreas.

Así como denominaciones de diversas corporaciones en materia de seguridad, que se verían fortalecidas con el apoyo requerido; y cualquier referencia a planes y tipos de operaciones, además de aspectos técnicos y operativos específicos que cada acción o estrategia requiera.