El patrimonio y la vida que por décadas construyeron cientos de miles de migrantes en Estados Unidos, están en riesgo por los política migratoria de aquel país, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que por ello el principal reto de los Estados es garantizar la seguridad de las personas migrantes que se encuentran en ese territorio, ante la política instrumentada en la materia por el gobierno de Donald Trump.

Al inaugurar, el Tercer Foro Regional sobre Asuntos Migratorios, el ministro Aguilar Morales lamentó la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en el vecino país, pero reconoció que en México como, país tránsito, destino, salida y retorno de migrantes, también se viven violaciones a los derechos.

 “Aquí con frecuencia miramos con agudeza al norte, pero sufrimos de ceguera ante los migrantes que vienen del sur, a quienes, o invisibilizamos o damos el mismo trato que reprobamos a los del norte, esto es, un trato indigno derivado de prejuicios y estereotipos”, enfatizó.

Lo anterior lo manifestó ante Eduardo Ferrer Mac Gregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Jan Jarab y Mark Manly, representantes de la Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, respectivamente.

Reconoció que  la gran mayoría de las violaciones contra este grupo no llegan al conocimiento de órganos jurisdiccionales que pudieran solucionarlas, porque el migrante va de paso y no cuenta con los medios para una defensa adecuada, lo que lo sitúa en seria desventaja.

En este escenario, destacó la labor de organizaciones no gubernamentales, que han sido claves para la judicialización de algunos casos que se han vuelto paradigmáticos, así como el trabajo desarrollado por la Defensoría Pública dependiente del Poder Judicial.

Añadió que en la medida en que se conozcan y resuelvan más casos, habrá más posibilidades de inhibir las conductas vejatorias y violatorias de derechos humanos.

Dentro de este marasmo de incertidumbre, calificó de alentadora la noticia del 9 de enero pasado de que un juez de San Francisco, William Alsup, suspendió en todo Estados Unidos la decisión de la administración Trump de poner fin al DACA, hasta que terminen los litigios iniciados.

Como esta resolución, agregó, en toda Latinoamérica existen sentencias que están constituyendo precedentes muy relevantes, por lo que exhortó a que jueces latinoamericanos de diferentes materias presenten sus sentencias a concurso para que se difundan las más paradigmáticas.

Destacó que en los últimos años la migración se ha ubicado como un tema de suma importancia en las relaciones internacionales y un complejo desafío en la atención de los asuntos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales.

Comentó que de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el número de personas que viven fuera de su país de origen llegó a 244 millones en 2015, un aumento de 41 por ciento con respecto al año 2000.

Hay alrededor de 40 millones en migración irregular, por carecer de documentos oficiales que acrediten su estancia en un país diferente al de su origen, concluyó.