La nueva Ley de Ingresos 2018 en Michoacán, que establece una serie de pagos de derechos a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no vulnera las garantías de las mujeres, porque no específica el cobro de derechos a las mujeres víctimas por los conceptos de trámite de certificado médico, de lesiones y valoraciones psicológicas.

La secretaria de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rogelia González Luis, sostuvo lo anterior, y aseguró que el gobierno de Michoacán respeta y garantiza los derechos constitucionales de las mujeres víctimas.

Explicó que según el Artículo 56, Inciso E, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, el pago de derechos o pruebas periciales aplica a particulares o autoridades que así lo soliciten y que sean ajenas a la investigación y persecución de delitos, más no a quienes acuden a denunciar como víctimas.

El propio estado está obligado a garantizar esos servicios, así como establece el Artículo 14 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres de esa entidad, ratificó.

Cabe destacar que conforme a la legislación y las políticas públicas vigentes, el gobierno de Michoacán y sus municipios siempre han considerado como eje de sus acciones proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas, enfatizó.

Ello, abundó, para favorecer su empoderamiento y encaminadas a la reparación del daño causado por la violencia sufrida, todo de acuerdo con un comunicado del PRD nacional.

Por ello, dijo, no hay modificación alguna del Artículo 14 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres de Michoacán, de manera que en esa entidad se garantiza la atención, la asesoría jurídica y psicológica, así como la instalación y mantenimiento de refugios para las víctimas.