El gobierno capitalino publicó la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en la que incluye las figuras y facultades de los mediadores comunitarios y de las alcaldías.

De acuerdo con la nueva normatividad, con la que se abroga la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, se sustituye la figura de delegación por alcaldía como órgano político administrativo de la capital, y de delegados por alcaldes como sus titulares.

Detalla que corresponderá a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México establecer el número, distribución y competencia territorial de los juzgados cívicos que deban funcionar en cada demarcación territorial, previa opinión de las alcaldías, a quienes deberá proporcionar el registro de infractores por demarcación territorial.

La nueva legislación establece que le corresponderá a la Consejería promover los métodos alternativos de solución de controversias con la intervención de mediadores comunitarios de las alcaldías.

De esta forma, la nueva ley define al mediador comunitario como el especialista capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para conducir el procedimiento de mediación comunitaria, y será servidor público adscrito a una demarcación.

La normatividad incluye un capítulo dedicado a la mediación comunitaria, que será aplicable en la gestión y prevención de las controversias que surjan o puedan surgir por infracciones de tránsito, por la definición de obras, para combatir el maltrato escolar, para apoyar a personas en situación de descuido o de calle.

De igual forma, determina los requisitos para ser mediador comunitario, entre los que destacan ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de todos sus derechos, con al menos 25 años, contar con licenciatura en derecho o pasante, además de concursar para el puesto.

Aclara que el cargo de mediador es de confianza y será designado y ratificado cada tres años por la alcaldía, previa aprobación de un examen de competencias laborales.

Detalla que el Consejo de Justicia Cívica, que emitirá opiniones a las instancias competentes sobre el diseño de las normas internas de funcionamiento, la supervisión, el control y la evaluación de los Juzgados, tendrá a un representante de cada alcaldía.

La nueva norma precisa además las funciones de los juzgados cívicos, de sus jueces y secretarios, así como de su profesionalización y supervisión, y agrega que en tanto no entre en vigor la Unidad de Medida y Actualización, se utilizará la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México, para efectos de multas.