La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa avaló el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, la máxima autoridad local para interpretar la Constitución Política local.

El dictamen será presentado ante el pleno durante la sesión de este sábado para dar cumplimiento al objetivo de reglamentar el Artículo 36 de la Constitución Política capitalina.

El documento destaca que la Sala Constitucional conocerá y resolverá las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las acciones por omisión legislativa, además del juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de emitir medidas para su ejecución.

Así como las impugnaciones por resoluciones emitidas por los jueces de tutela en acción de protección efectiva de derechos humanos, y las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de éste.

La Sala sería integrada por siete magistrados designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, cuya selección será en sesiones abiertas y transparentes, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Ley Orgánica. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro.

Los integrantes de la Sala Constitucional durarán hasta ocho años en el cargo y podrán ser ratificados, se plantea en el dictamen que incluye las propuestas de los asambleístas Jorge Romero Herrera, del PAN, y Mariana Moguel Robles, del PRI.

De acuerdo con el Artículo 80 de dicho dictamen las acciones de inconstitucionalidad podrán ser interpuestas por titular del gobierno capitalino, con por lo menos 33 por ciento de los diputados del Congreso, cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia o el fiscal general de Justicia.

Así como los partidos políticos en el rubro electoral y la ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha legislación, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.