Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del PRI, acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y a su Fiscalía de vulnerar el debido proceso y alimentar irresponsablemente la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral.

Advirtió que ante la abierta, evidente y flagrante violación al debido proceso los agraviados deberán acudir a la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde derechos humanos y garantías constitucionales para su protección.

En una carta de tres paginas, se refirió a los señalamientos en el sentido de que en administraciones pasadas se habrían desviado recursos del gobierno de Chihuahua a campañas políticas.

Explicó que la transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino que se trata de una actividad regulada por las leyes como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Además, apuntó, "es inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un Gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones”.

Aclaró asimismo que Alejandro Gutiérrez no era el Secretario de Finanzas del PRI, sino Secretario Adjunto con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido.

Detalló que Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad

Ante ello sostuvo que la Fiscalía de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la indagatoria de referencia.

Subrayó que es grave que se esté cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en el sistema jurídico.

“Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios, que es lo común en los 'testigos protegidos', habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales”, agregó.