Con el fin de fortalecer la protección jurídica de los mexicanos que residen en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, el senador Isidro Pedraza Chávez propuso que el Estado mexicano establezca una política de integración educativa, social y económica de protección de deportados y repatriados de manera forzada.

Mediante una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, el legislador perredista señaló que ante el endurecimiento de las políticas estadunidenses frente a los migrantes es necesario establecer una focalizada para mexicanos, connacionales y sus familias en retorno o repatriación forzada, que salvaguarde sus derechos humanos.

“Para quienes suscribimos la presente iniciativa es prioridad que el Estado mexicano establezca una política de integración educativa, social y económica que contribuya al desarrollo nacional”, mencionó.

Explicó que ante el desafío de una deportación masiva de más de 3.5 millones, su iniciativa tiene por objeto mejorar la coordinación entre las secretarías de Gobernación, con la de Relaciones Exteriores y el resto de las dependencias federales, gobierno estatales y municipales, para impulsar una política de protección, repatriación e integración social a la sociedad.

“Consideramos que el desafió que enfrentamos como Estado, va más allá del retorno a territorio nacional o a sus comunidades de origen, el gran desafió -y con especial impacto para los estados fronterizos colindantes con Estados Unidos de América- será la provisión de vivienda, servicios públicos como educación, luz, agua potable, empleo, seguridad, y particularmente servicios médicos”, indicó.

El objetivo, dijo, es evitar choques culturales y facilitar su integración a la sociedad mexicana.

Detalló que su propuesta considera los incentivos fiscales y aduanales para el ingreso de su menaje y sus ahorros, así como medidas de integración socioeconómica para facilitar el ingreso a territorio nacional y reconocerlos como un grupo social prioritario y con amplio potencial para fortalecer el sistema económico y educativo.

A partir de la revisión del marco jurídico nacional y experiencias internacionales se propone ampliar y fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación para especificar su responsabilidad como rector y responsable de la política de integración de los mexicanos, connacionales y sus familias deportados o repatriados a territorio nacional.

Además se propone una política pública de protección, recepción e integración en la sociedad mexicana, que facilite el reconocimiento de la nacionalidad a los mexicanos, connacionales y sus familias, así como proporcionarles una identidad y el reconocimiento de su patrimonio al ingresar a territorio nacional.