La Cámara Federal de Argentina le retiró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el cargo de “traición a la patria” que le había imputado un juez, pero mantuvo la orden de detenerla de manera preventina por “encubrimiento”.

Los problemas judiciales de la hoy senadora continuaron este fin de año con la decisión de los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah, miembros de la Cámara Federal, quienes confirmaron la imputación de delitos de “abuso de autoridad”, y “estorbo de un acto funcional”.

Además, a pesar de los reclamos de la acusada, confirmaron la orden de procesamiento con prisión preventiva, medida que sólo podrá hacerse efectiva si el Senado vota por desaforar a Fernández de Kirchner.

Esa discusión empezará el 1 de marzo próximo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso argentino, pero hasta ahora el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para expulsar a la expresidenta.

A principios de diciembre, el juez Claudio Bonadío desató una comoción política al solicitar el desafuero de Fernández de Kirchner y su posterior detención e imputarle los delitos de “traición a la patria” y encubrimiento.

El juez aseguró en su fallo que el Memorándum que el gobierno de Fernández de Kirchner firmó en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de impunidad a los iraníes acusados del atentado terrorista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en esta capital, y que dejó 85 muertos.

La orden de Bonadío se sustenta en la investigación que llevó a cabo el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado el supuesto pacto de Fernández de Kirchner con los iraníes.

Según Nisman, cuya muerte no se ha esclarecido, la entonces presidenta negoció con Irán la impunidad de los iraníes acusados del peor ataque terrorista sufrido en Argentina, a cambio de acuerdos comerciales.

Múltiples instancias judiciales desestimaron la denuncia de Nisman por inconsistente y falta de pruebas, ya que el Memorándum Argentina-Irán fue aprobado por el Congreso y el canje de venta de granos por petróleo nunca se puso en marcha.

Además, las “alertas rojas” de Interpol para detener a los iraníes implicados en el atentado jamás se levantaron, lo que, según Nisman, era un elemento central del supuesto pacto de impunidad.

Bonadío, un juez antikirchnerista que reactivó la causa apenas Fernández de Kirchner dejó el poder, fue acusado en 2010 por el propio Nisman de amenazarlo y querer obstaculizar la investigación de la causa AMIA.

Antes, en 2005, Bonadio ya había sido separado de la causa AMIA por la parcialidad de su actuación judicial, pero 12 años después, es quien procesa y solicita el desafuero y ordena la detención de la expresidenta.

Como parte de esta causa fueron detenidos los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche y uno de los es funcionarios más poderosos del kirchnerismo, Carlos Zanini, mientras que el excanciller Héctor Timermán quedó en prisión domiciliaria por problemas de salud.

La expresidenta sólo será desaforada, y por lo tanto detenida de inmediato, si así lo votan dos tercios de los senadores que estén presentes en la sesión.

El escenario es incierto, ya que de los 72 senadores que componen la Cámara Alta, por lo menos 33 apoyarían que Fernández de Kirchner continúe con fuero parlamentario, mientras que 39 podrían votar a favor de quitárselo.

La duda es cuántos senadores estarán presentes en una sesión que será histórica, ya que, si acudieran todos, se necesitarían 48 votos a favor del desafuero para hacerlo efectivo, lo que, por ahora, parece improbable.