La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron hoy su preocupación por la respuesta de la policía a las protestas en Argentina, en las que periodistas sufrieron agresiones.

La CIDH y la relatoría criticaron lo que calificaron como un indiscriminado uso de la fuerza de parte de agentes de seguridad, quienes usaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma, por lo que dejaron decenas de heridos y detenidos, incluidos comunicadores.

Las protestas tuvieron lugar el pasado 14 de diciembre en Buenos Aires, cuando cientos de personas salieron a las calles para expresar su oposición a la Ley de Reforma al sistema de previsiones y jubilaciones, empujada por el presidente Mauricio Macri.

Existen reportes de que ese día al menos dos legisladores argentinos sufrieron agresiones durante la violenta dispersión por parte de las fuerzas de seguridad.

Una segunda protesta el 18 de diciembre culminó con fuertes disturbios y más de 183 lesionados, entre ellos al menos 88 policías y 95 ciudadanos, y según algunos informes, las 70 personas que fueron detenidas denunciaron abusos de policías.

Otros reportes dieron cuenta de que supuestos grupos de manifestantes hicieron uso de la violencia durante las manifestaciones arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía.

Durante esas movilizaciones, al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas.

Frente a estos hechos, la CIDH reiteró que la criminalización de la movilización y la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente.

“Los operativos de seguridad deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo”, indicó la CIDH en un comunicado.

La CIDH llamó a las autoridades a investigar la conducta policial durante esas manifestaciones, y establecer sanciones correspondientes, y exhortó al gobierno a garantizar que el uso de la fuerza en el contexto de protesta social será excepcional.