Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la CIDH condenaron hoy la represión oficial que vive Honduras desde las pasadas elecciones presidenciales y llamaron a sus autoridades a ceñirse a sus obligaciones constitucionales e internacionales en la materia.

“Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas, que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos”, dijeron aquí los expertos: David Kaye y Michel Forst, de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), y Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Kaye es Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; Forst es el Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos; y Lanza, es Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH.

Los tres acusaron que varias de las personas detenidas durante las protestas callejeras en Honduras fueron trasladadas a instalaciones militares, “donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas, y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.

El martes, el candidato presidencial opositor Salvador Nasralla denunció en esta capital un número mayor de muertos, al asegurar que al menos 24 personas han perdido la vida en la represión contra manifestantes a manos de fuerzas de seguridad del Estado.

Tras las manifestaciones iniciales suscitadas por las irregularidades en el proceso de verificación de votos de la elección presidencial de Honduras, celebrada el 26 de noviembre pasado, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández declaró un estado de emergencia, y suspendió los derechos fundamentales.

La policía respondió con fuerza a las protestas, y aunque el estado de emergencia quedó sin efecto el pasado 9 de diciembre, los expertos notaron que la situación que ha vivido el país centroamericano desde entonces, no ameritaba una proclama como esa.

Por ello los expertos llamaron a las autoridades a investigar estos hechos, así como a dar cumplimiento estricto “a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, así como los derechos a la libertad de expresión y derecho de reunión”.

Señalaron que durante este tiempo fueron registrados ataques y detenciones de periodistas durante la cobertura de las protestas, y citaron como ejemplo el caso de Radio Progreso, que denunció el sabotaje de su torre y antena en Tegucigalpa.

La radioemisora, que de acuerdo con los expertos es un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia, perdió su señal en la zona central del país como consecuencia de ese sabotaje.

“Hacemos un llamado urgente para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad de sus periodistas y trabajadores”, reafirmaron los relatores, tras destacar el derecho de la población a mantenerse informada.