La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó el protocolo para la detección, rapport (entrevista), primeros auxilios, protección, atención, búsqueda, localización, rescate y reinserción social de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en la capital.

Lo anterior, con la finalidad cumplir con los principios de respeto a la dignidad humana, libertad, autonomía, igualdad, justicia, confidencialidad y secrecía en la investigación establecidos en ley capitalina para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los delitos en Materia de Trata de Personas, explicó la dependencia en la Gaceta Oficial.

Aseguró que constituye un instrumento mediante por el cual los servidores públicos deberán garantizar a las víctimas el derecho a ser protegido y respetado en su libertad y seguridad sexual, así como el normal desarrollo psicosexual, sin discriminación alguna.

Precisó que será la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la Ciudad de México la autoridad competente para la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este acuerdo vigente a partir de mañana.

Así, el protocolo prevé aspectos como la detección de víctimas de trata de personas como inspecciones y verificaciones de establecimientos comerciales o mercantiles, protección civil, en vía pública, sanitarias o de trabajo y seguridad social, para su detección; indicadores verbales y de salud física; medidas de seguridad y emergencia, y de protección, y ayuda médica y psicológica.

Detalla los procedimientos de localización de las víctimas de estos delitos, ruta crítica en la búsqueda, los criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad, obtención de muestras biológicas de familiares de personas extraviadas, desaparecidas o ausentes, además de la entrevista con la persona que reporta la desaparición, ausencia o extravío o bien con quien aporta datos.

De igual forma, define las consideraciones para la debida actuación e investigación ministerial, pericial y policial para el acceso a la justicia de las víctimas, sobre todo a mujeres, niñas y adolescentes.

Subraya que los delitos en materia de trata de personas constituyen una grave violación de los derechos humanos, porque atentan contra la dignidad, integridad física, salud, libertad y la vida de las víctimas, que sufren violaciones a sus derechos por periodos prolongados, lo que dificulta la reintegración social una vez rescatadas o cuando logran escapar de sus explotadores.

Por ello, puntualiza, el protocolo se ciñe a la modalidad de explotación sexual, como un instrumento que servirá de guía de actuación para las personas servidoras públicas para la detección, rapport, protección, primeros auxilios, atención y reintegración social de las víctimas del delito de trata de personas particularmente con fines de explotación sexual.

Aclara que la asistencia a las víctimas no está condicionada a que denuncien, se identifiquen a las personas tratantes o explotadoras se les detenga, se les lleve a juicio o se les sentencie.

Subraya que durante la investigación, las autoridades que tengan contacto con la víctima deberán evitar revictimizar, asegurándose de sólo hacer las entrevistas en los momentos precisos de formalización, ratificación o ampliación de denuncia o en algún momento procesal o de la investigación en que se les requiera.