La reforma de pensiones impulsada por el presidente Mauricio Macri derivó en una violenta jornada con corridas, balas de goma, gases lacrimógenos, heridos y detenidos, y el centro de Buenos Aires transformado en escenario de una represión inédita en los últimos años.

El caos, las persecuciones policiales, las detenciones indiscriminadas, incluidas las de periodistas, el robo a comercios y la dispersión de gases pimienta, hicieron que los argentinos rememoraran la histórica tragedia del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En ese momento la crisis económica convocó a cientos de miles de personas a las calles, pero fueron reprimidas con un saldo de 39 muertos en todo el país, y la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.

El fantasma del 2001 rondó la memoria de los argentinos ante la tensión que se vivió desde esta mañana por la sesión citada para discutir una polémica reforma jubilatoria.

Cuando la sesión comenzó, a las dos de la tarde, el oficialismo tenía los votos necesarios para aprobar una ley que, según Macri, aumenta las jubilaciones en un 5.0 por ciento por encima de la inflación en 2018.

La oposición, consultoras privadas e incluso economistas cercanos al macrismo han advertido, por el contrario, que la reforma recorta en unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) las jubilaciones y diversos programas sociales.

El jueves pasado, el primer intento por aprobar la reforma en la Cámara de Diputados fracasó ante el caos y una represión policial que dejó decenas de heridos y 40 detenidos.

La situación se desbordó aún más este lunes, cuando un grupo minoritario y radicalizado atacó a la Policía, y que se apostó frente al Congreso con piedras y palos.

Desde ese momento, la tensión fue creciendo y la presión del enfrentamiento entre policías y los grupos violentos dispersó a las decenas de miles de personas que se habían congregado de manera pacífica para protestar contra la reforma.

Aunque el operativo estaba a cargo de la Policía de la ciudad fue insuficiente y tuvo que intervenir la Policía Federal y el cuerpo de Gendarmería, fuerzas que reprimieron de manera indiscriminada y lanzaron gases lacrimógenos o intimidaron a todos los manifestantes a su paso.

La batalla campal comenzó en la Plaza del Congreso, pero horas después avanzó siete cuadras hasta la Avenida 9 de Julio, pero enmedio de todo hubo vehículos y mobiliario urbano quemado y algunos negocios rotos.

Los bandos se dividían entre grupos violentos que quemaban llantas y aventaban palos y piedras, por lo que fuerzas de seguridad lanzaban gases lacrimógenos y realizaban detenciones en forma indiscriminada.

Mientras afuera seguían los enfrentamientos, al interior del recinto diputados opositores insistían en suspender la sesión, lo que fue rechazado por la mayoría parlamentaria en diversas ocasiones.