Un gupo de más de 50 universidades de America Latina y Caribe se comprometieron a implementar políticas públicas para apoyar a los territorios con mayor inseguridad alimentaria.

Las instituciones, que forman parte de las asociadas al Observatorio del Derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

A través de este acuerdo se pretende realizar una hoja de ruta que permitirá ayudar desde la academia a los parlamentos en sus esfuerzos por llegar a los territorios más vulnerables.

Uno de los objetivos es facilitar a los investigadores a entender las causas del hambre y la malnutrición, crear soluciones y contribuir a la consecución del Reto Hambre Cero de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Este acuerdo tuvo lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias en el marco de VII Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA-ALC).

El evento reunió a estudiantes y académicos latinoamericanos y caribeños en la red ODA-ALC, expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de (FAO), representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre y del Observatorio del Derecho a Alimentación de España.

En este marco, la académica uruguaya Gloria Canclini, miembro de la Secretaría Técnica del Observatorio del Derecho a la Alimentación, exhortó a los Estados, a sus gobiernos, a sus parlamentos, a las instancias judiciales, a la academia y a la sociedad civil "a garantizar la exigibilidad y justiciabilidad del Derecho a la Alimentación a nivel local, a fin de lograr cambios a nivel nacional y regional”.