La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a debatir hoy una polémica reforma de pensiones propuesta por el presidente Mauricio Macri, mientras en los alrededores del Congreso estallaban violentos disturbios entre policías y provocadores.

Decenas de miles de personas marcharon desde temprano de manera pacífica hacia el Congreso para protestar por la reforma que recorta jubilaciones y programas sociales, pero fueron detenidas por las vallas que se instalaron desde ayer en varias cuadras a la redonda.

Apenas un puñado de manifestantes sin pancartas ni identificados con ninguna organización social de peso logró avanzar hasta donde estaba el cordon policial y aventar piedras y bombas de estruendo de fabricación casera.

En las movilizaciones de este país es normal que haya infiltrados de los servicios de inteligencia que, encapuchados, provocan violencia para desacreditar las marchas.

La tensión que se vive es extrema, ya que cuando comenzó la sesión de los diputados, afuera ya había policías y periodistas heridos.

Los minúsculos grupos violentos nada tenían que ver con sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, universitarias y personas sin militancia partidaria que colmaron los alrededores del Congreso sólo para manifestarse de manera legítima.

En la Plaza del Congreso, los policías lanzaban gases lacrimógenos y disparaban balas de goma mientras los grupos violentos les aventaban piedras y palos.

Adentro del recinto, la sesión tuvo que interrumpirse por pedido del diputado opositor Horacio Pietragalla, quien pidió esperar a que terminaran los disturbios.

El gobierno propuso cambios a la actualización de las jubilaciones que, según su versión, implicará que estos ingresos sean 5.0 por ciento mayores a la inflación el próximo año.

Opositores, consultoras privadas e incluso economistas cercanos al macrismo han advertido, por el contrario, que la reforma recorta en unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) las jubilaciones y diversos programas sociales.

A pesar de que el gobierno insistía en que los jubilados no perdían, sino que ganaban, aceptó otorgar un “bono compensatorio” por única vez para marzo del próximo año después de que el pasado jueves fracasara el primer intento de aprobar la reforma en la Cámara de Diputados.

Con ese ajuste, la reducción en jubilaciones y programas sociales sería de por lo menos 68 mil millones de pesos (cuatro mil millones de dólares), lo que contrasta con los beneficios tributarios obtenidos por mineras, empresarios del agro y evasores durante el macrismo.