La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que el Congreso de la Unión debe convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de discutir asuntos que quedaron pendientes.

En un comunicado refirió que el pasado viernes 15 de diciembre se cerró el periodo ordinario de sesiones del Congreso, lo cual significa que temas relevantes en diversas materias no podrán discutirse antes del 1 de febrero del próximo año.

Particularmente, indicó, la Cámara de Senadores cerró la sesión ordinaria sin nombrar al Fiscal Especial en Delitos de Corrupción, y tampoco concluyó el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa especializados en casos Anticorrupción.

Dijo que es imperante que estos nombramientos se hagan en base a la evaluación de los perfiles profesionales y la trayectoria, así como cuidar la selección de personas cercanas a las cúpulas partidarias, “lo que afectaría la independencia de la función y sesgaría la aplicación de la ley”.

En materia de libertad de prensa, el Poder Legislativo debe impulsar una ley que regule los criterios de asignación y ejercicio del gasto de la publicidad oficial, ya que a falta de ésta funge como un arma para restringir la libertad de expresión.

Y es que tan solo de 2013 a 2016, la administración ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, lo cual es un 75 por ciento mayor a lo que aprobó el Congreso de la Unión para estos años.

Mientras que entre los retos para la Cámara de Diputados se encuentra nombrar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación, pues es irresponsable que hayan dejado sin cabeza a una de las instituciones más críticas para promover la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

Otro pendiente es la Ley General de Archivos, ya que es fundamental para establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de las autoridades.

Así como dotar de una plena autonomía a la Fiscalía General, y aprobar una Ley General de Seguridad Pública que permita la creación de un mando mixto policial, ya que la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada da una solución incompleta al problema de la inseguridad en el país.

En materia de derechos de propiedad, los diputados deben discutir y aprobar cuanto antes la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 12 de diciembre.

La ley es necesaria para clarificar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, a fin de brindar certeza jurídica a los derechos de propiedad de los inmuebles.

Asimismo, es necesaria para la creación de una muy requerida Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, que articule la información de la propiedad privada, pública y social, un aspecto crítico para fomentar el desarrollo económico local y promover la inversión privada.

En materia de competitividad, debe reconocerse que México necesita facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios financieros a todos sus ciudadanos, para poder ser más competitivos.

Otro paso importante que debe de darse para mejorar la competitividad es la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de que ésta pueda comenzar a aplicarse y aligerar la carga regulatoria de más de 138 mil leyes, normas y reglamentos, que inhiben la creación y el desarrollo de las empresas.

“Hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestro País, requiere de legisladores críticos, independientes y comprometidos con los ciudadanos. Les demandamos convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que cumplan con su responsabilidad, y estén a la altura de la agenda ciudadana”.