– Un tribunal venezolano ordenó hoy la liberación de cuatro personas acusadas de tráfico de menores por el caso del viaje de 120 niños a Perú, el cual fue impedido por las autoridades al anular los pasaportes de los menores.

Abogados de los acusados, miembros de una organización no gubernamental, fueron liberados con condiciones, por lo que no podrán salir del país, explicaron los abogados Theresly Malavé, Carlos Moreno y Juan González.

Entre los liberados están Marta Molina, esposa de Óscar Pérez, opositor al gobierno bolivariano y fundador de la organización Unión Venezolanos en Perú, que ofrece ayuda a venezolanos migrantes.

Una hija de Pérez y dos voluntarios del grupo también fueron liberados, confirmó el opositor en su cuenta de Twitter. El viaje fue planificado por la organización con el objeto de que los niños se reencontraran en Navidad con sus familiares residentes en Perú, varios de ellos opositores al gobierno.

El viaje, en un avión fletado desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, fue impedido por las autoridades, que acusaron a los organizadores de tráfico de menores. Los abogados dijeron que la liberación señala que no hubo delito en la organización del viaje.

El tribunal del estado de Vargas examinó el caso con la Fiscalía General, por lo que decidieron imputar a los sospechosos.

"Insistimos: Aquí no se ha cometido ningún delito penal y la idea era que se dictara libertad plena para los cuatros (acusados). Nosotros rebatimos los argumentos que hizo la Fiscalía General e insistimos en la inocencia de nuestros defendidos", expresó el defensor Juan González.

La esposa de Pérez y su hija Georgina, así como los dos activistas, fueron imputados por los cargos de presunta falsificación de documentos, trata de menores y asociación para delinquir.

Por su lado, Moreno señaló que las cuatro personas fueron acusadas sin haber participado en delito alguno. La Fiscalía General los imputó por presunto tráfico de menores y afirmó que algunos de los permisos para viajar eran falsificados.

El fiscal general interino, Tarek William Saab, dijo que el caso es "inédito" en la historia republicana, pues fue fletado un avión con destino a Perú a través de una presunta e "indocumentada" organización no gubernamental.

Indicó que un fiscal de la región costera de Vargas se encargó del caso para garantizar los derechos de los niños, así como investigar "a fondo" la trama del caso, que "pudiera vincularse con delitos de trata de menores".

Agregó que nueve de los poderes emitidos para otorgar el permiso de viaje son "fraudulentos", mientras que dos autorizaciones de viaje son falsas.

"Esto obliga a investigar los fines de la precitada ONG responsable de tan grave acción, pues testimonios de familiares revelan que los trámites se hicieron en sus oficinas privadas", señaló.