La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación debido a irregularidades detectadas en los procesos de adopción durante la administración pasada en el gobierno de Sonora entre 2009 y 2015.

Aunque la recomendación está dirigida al actual gobierno estatal, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al fiscal general de esa entidad y al alcalde de Hermosillo, las anomalías son imputables a servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad de la administración pasada.

La CNDH informó en un comunicado que se detectaron también imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal respecto del destino final de 682 menores de edad, así como de los trámites de adopción de 110 infantes.

Hubo dilación e irregular integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las conductas delictivas cometidas en agravio de 22 menores de edad, imputable a la entonces procuraduría estatal.

De acuerdo a la CNDH, se expusieron certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, atribuibles a servidores públicos del Seguro Social.

De igual forma, personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el municipio de Hermosillo incurrió en omisiones respecto de un menor de edad que fue agredido física y verbalmente por su progenitora.

Ante tales hechos, se incurrió en graves violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal, lo que impidió conocer el destino final de 682 menores de edad.

Además, entre otras violaciones, esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales en 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción.

Por ello, recomendó al actual gobierno de Sonora y al IMSS, reparen los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores de edad.

La comisión solicitó que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños a todas las víctimas en aquellos casos en los que se determine algún trámite indebido en la adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes que el DIF Estatal no acreditó su destino final.

A esta última autoridad le solicitó también colaborar en la queja y denuncia que se presenten ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS y la PGR, respectivamente, en contra de quienes resulten responsables en la sustracción de diversos certificados de nacimiento.

También en contra de los servidores públicos que omitieron realizar el trámite establecido en el Manual para el Llenado del Certificado de Nacimiento de la Secretaría de Salud, relativo a los Lineamientos en caso de cancelación, robo o extravío.