El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para sancionar con entre 15 días y seis meses de prisión al que al requerir el pago de una deuda, propia o ajena, incurra en prácticas intimidatorias de hostigamiento o violencia física o verbal contra el deudor o sus parientes.

El dictamen, avalado en lo general y particular con 380 votos, adiciona el Artículo 284 Bis, que establece que además de las sanciones que correspondan, se les impondrá de seis meses a tres años de prisión si para tal efecto se empleó documentación falsa o se usurparon funciones públicas o de profesión.

Promovido por el diputado Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional (PAN), el documento señala que por muchos años los despachos de cobranza han realizado malas prácticas, con amenazas disfrazadas en “gestión de cobranza”.

Agrega que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha recibido 13 mil 459 quejas por amenazas, de las cuales 65 por ciento fueron dirigidas a personas que no son deudoras.

Del total de las quejas, 18 por ciento correspondieron a cobranzas con maltrato y ofensas; 12.7 por ciento a personas que ya habían pagado el crédito, y menos de uno por ciento a usuarios que aparecen como “obligados solidarios”, es decir, los que si bien no son el obligado directo del crédito otorgado, sí tienen obligación de responder por el mismo.

Entre las gestiones indebidas de cobranza, están las constantes llamadas o cartas de algún despacho en las que se solicita el pago de una deuda usando amenazas, palabras altisonantes y llamadas a deshoras.

El dictamen enviado al Senado considera conveniente limitar a las personas, despachos y/o bufetes que realicen cobranza extrajudicial indebida; también a los bancos, instituciones de crédito y tiendas departamentales que por medio de su personal o a través de despachos de cobranza emprenden campañas contra deudores a efecto de lograr el cobro de sus activos.