La diputada María del Pilar Pérez Chavira informó que aprobaron siete dictámenes que contienen los juicios políticos interpuestos contra Luis Carlos Vega Pámanes, cuando se desempeñaba como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura.

Indicó que la Comisión de Responsabilidades del Congreso local aprobó una sanción de inhabilitación en su contra, para desempeñar cargos públicos por 13 años, debido a las conclusiones acusatorias por los actos denunciados en su contra.

Dijo que durante el proceso de análisis de su caso, se acreditó que no tenía autorización, ni permiso por parte del Congreso del estado para aprobar la concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial por 10 años, ya que sobrepasa el tiempo del periodo constitucional de la administración pública estatal.

Asimismo, de haber realizado la llamada telefónica al comisario de la Policía de Guadalajara, al interceder por personas que habían sido detenidas por la comisión de un delito, y con su indebido actuar provocó desconfianza hacia las instituciones de impartición de justicia y el reclamo airado de la sociedad en general.

Comentó que se cuestionó el cumplimiento de los principios de imparcialidad, objetividad, equidad, legalidad e independencia que deben prevalecer para impartir justicia; y provocó un trastorno grave en el buen funcionamiento de las instituciones.

Señaló que como magistrado presidente se extralimitó en sus atribuciones y facultades, y en conclusión el acervo probatorio resultó ser apto, bastante concluyente para acreditar el actuar del servidor público denunciado, y no se ajustó a la normatividad que establecen las facultades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Detalló que otro de los cargos es que no cumplía con los requisitos de elegibilidad para ser nombrado magistrado, debido a que había sido sentenciado a una pena de cuatro años de prisión por la comisión de los delitos de robo, daño en las cosas y portación de arma de fuego, de conformidad a la ficha signalética 31464 de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, en el proceso de elección de magistrados.

Destacó que el servidor público denunciado se condujo con falsedad al presentar la documentación exigida en la convocatoria, omitió y ocultó información, faltó a la verdad y omitió dolosamente información en un proceso de elección de dicha naturaleza.

Manifestó que la sanción de 13 años de inhabilitación para ocupar cargos o comisiones en el servicio público, tendrá vigencia a partir del día siguiente cuando los dictámenes de referencia sean aprobados en definitiva por el Pleno del Congreso del estado.