La Asamblea Legislativa ratificó que por ningún motivo se puede coartar o supeditar la entrega de la Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores a cambio del voto y triunfo de partido político alguno.

Así lo estableció ante la preocupación y temor fundado de que el Programa de Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores se suspenda durante los periodos electorales y, en su caso, su entrega sea condicionada por situaciones políticas.

Lo anterior quedó de manifiesto al abrogar la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria de los Adultos Mayores de 68 Años Residentes en el Distrito Federal y expedir la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 Años Residentes de la Ciudad de México.

Al presentar el dictamen que fue aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada local perredista Elizabeth Mateos Hernández, expresó que se propone que la pensión no sea suspendida, puesto que en la mayoría de los casos representa el único ingreso con el que cuentan las personas adultas mayores para subsistir.

Explicó que el interés que se plantea es que se garantice que la entrega de la pensión alimentaria de adultos mayores sea en absoluta transparencia, con el objeto de que no existan actos de corrupción que afecten las condiciones de vida de esta población.

Además, dijo, será tarea de la comisión dictaminadora plantear la posibilidad de contemplar en esta ley uno o varios artículos que determinen que la pensión pueda tener una actualización anual en función de la inflación y no del salario mínimo general vigente en la capital del país.

Expuso que es de suma importancia tener en cuenta que en México cada día 800 personas cumplen 60 años de edad, una de cada dos vive en condiciones de pobreza extrema y ocho de cada 10 carecen de seguridad social y de pensiones de jubilaciones.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables añadió que no se debe olvidar que en 2050, uno de cada tres mexicanos será adulto mayor o adultos mayores de 60 años.