El ministro Eduardo Medina Mora consideró que la justicia constitucional está en un momento crucial para el país, pues tiene el reto de definir las condiciones de aplicación de las reformas estructurales, así como sus parámetros de operación, para dimensionarlas y darles viabilidad.

Tras las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica, educación y energía, entre otras, se encara el reto de determinar "el alcance de las normas regulatorias emitidas por los organismos constitucionales autónomos".

El tema "fue de especial atención durante los trabajos emprendidos por la Segunda Sala”, destacó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al rendir el informe de labores de la Segunda Sala del periodo del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017, añadió que los jueces constitucionales deben preguntarse y definir el alcance de sus atribuciones frente a los nuevos actores institucionales y sus funciones.

“Nuestro tiempo como jueces implica que enfrentemos realidades distintas y complejas, las cuales deben ser atendidas con mucha cautela, pero sobre todo con la firme convicción de que no somos infalibles y que nuestro quehacer jurisdiccional debe partir de cierta prudencia”, afirmó en sesión solemne.

Al respecto, dijo que ello deberá generar nuevos y variados estándares de revisión judicial, en los que será necesario modular el grado de injerencia que la justicia constitucional podrá tener respecto de definiciones de política pública y parámetros técnicos.

Ante las nuevas realidades y problemas jurídicos, será necesario revisar los principios básicos de división de poderes y derecho administrativo, tales como el principio de legalidad, reserva de ley y de subordinación jerárquica.

Asimismo, se tendrán que generar nuevas categorías técnico-jurídicas que permitan el cumplimiento de los postulados constitucionales en estas materias, señaló.

En cuanto a su informe, el ministro Medina Mora indicó que en el periodo que se reporta ingresaron a la Segunda Sala cuatro mil 287 asuntos, que sumados a los mil 189 en existencia, dan un total de cinco mil 476.

De los casos resueltos, 975 fueron amparos directos en revisión, 388 amparos en revisión, 229 conflictos competenciales, 231 contradicciones de tesis, 114 solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, mil 84 recursos de inconformidad y 975 recursos de reclamación.

Sobre los asuntos relevantes abordados, mencionó el de las facultades legislativas en el ámbito regulatorio de las telecomunicaciones, conocido como “tarifa cero”, el de multas en materia de telecomunicaciones, el bloqueo de páginas de internet y libertad de expresión, entre otros.