Habitantes del estado mexicano de Puebla, apoyados por ciudadanos canadienses, se reunieron hoy con sindicalistas y legisladores en Ottawa y se manifestaron luego ante la sede de la minera Almaden Minerals, para denunciar irregularidades y daños al medio ambiente.

La minera tiene en exploración el proyecto minero Ixtaca para extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán, Puebla, algunos de cuyos pobladores iniciaron el 5 de diciembre una gira con respaldo de la organización PODER para expresar su preocupacipon por el impacto ambiental de esa actividad.

Como culminación de la gira, la delegación se manifestó este martes con pancartas con leyendas como “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals, una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”.

Los manifestantes argumentaron que las operaciones de la mina van más allá de lo permitido por la ley y afectan el aire y el agua de sus comunidades, y señalaron que han presentado quejas ante las Bolsas de Valores de Estados Unidos y Canadá.

“A los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero de Almaden, llamado Ixtaca, porque su inversión está en riesgo", dijo Ignacia Serrano, de la delegación de afectados.

Añadió que la empresa ha omitido informar a los inversionistas de los procesos de resistencia y de las acciones legales de las comunidades de Ixtacamaxtitlán.

A su vez, Kate Murray, de la organización Mining Justice Alliance, expuso que su agrupación "recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver”.

Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, y miembros de PODER, se reunieron con autoridades de Asuntos Globales, Comercio Internacional, comités parlamentarios, inversionistas mineros, sindicatos, comunidades indígenas y medios de comunicación durante su gira.

La delegación compartió los resultados de una evaluación de impacto en derechos humanos, la cual muestra daños generados por el proyecto de Almaden Minerals y los riesgos de su explotación.

Afirmaron que la evaluación de impacto concluye que la presencia de una mina a cielo abierto en la zona generará daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región.

Unas 180 organizaciones no gubernamentales emitieron en 2016 una carta abierta, y Naciones Unidas un exhorto en 2017, para que las empresas canadienses pongan mayor énfasis en los derechos humanos y ambientales.