Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Archivos, la cual establece los principios y las bases para la organización y conservación de documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión.

También de los archivos en posesión de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación.

Entre los objetivos de la ley, está promover el uso de métodos y técnicas encaminados al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados, lo que contribuirá a la eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.

Con este ordenamiento también se regula la organización y el funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, para que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público.

Se promueve el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México, además de que impulsa el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la administración de archivos.