La investigación e institucionalización de los Derechos Humanos es un reto que tienen las autoridades gubernamentales, señalaron especialistas en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la UIA Puebla, destacó y agradeció el interés de las personas por testificar uno de los tantos retos que hay en materia de Derechos Humanos: la investigación.

Comentó que "a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, se abre la posibilidad de que las instituciones académicas proporcionen a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad”.

La especialista puntualizó que la institucionalización de los Derechos Humanos marcó un hito importante en redimensionar la ausencia de esta perspectiva en muchas esferas estatales.

“Desde el IDHIE creemos que el sistema, las formas de institucionalización y las medidas establecidas para el cumplimento de derechos no puede ser un esfuerzo parcial”, subrayó.

Por su parte, Oscar Soto Badillo, director de Investigación y Posgrado de la UIA Puebla, comentó que el informe del IDHIE recoge el trabajo de divulgación e investigación de un equipo articulado por ocho investigadores, seis asociados y 26 estudiantes de diversas licenciaturas que colaboraron de manera comprometida con este proyecto.

“La IBERO Puebla está orientada a coadyuvar espacios que fomenten inclusión, tolerancia y respeto de los Derechos Humanos que son los pilares de la construcción de una sociedad transparente”, aseveró Soto Badillo.

Fernando Fernández Font, rector de la Ibero Puebla, en su turno señaló que para la Universidad hablar de Derechos Humanos ha implicado realizar una investigación seria y profunda, que no se plasma únicamente desde la consulta de textos sino a partir de una modalidad de consulta colectiva e interdisciplinar.

“Nuestra herencia Ellacuriana nos hace caer en la cuenta que no se trata de emitir un cierto número de publicaciones, sino de que los resultados de nuestro quehacer deriven en exigencias a las autoridades, para que éstas cumplan con su obligación de respetar y proteger las garantías individuales”, puntualizó.

Por lo anterior, exhortó a las personas vulnerables, académicos, alumnos y sociedad en general a comprometerse a tener una actitud proactiva y responsable en este complejo tema que una vez más nos congrega como Institución educativa.

“Por ello, la importancia de trabajar continuamente en poner al servicio de la sociedad más vulnerada la inteligencia académica”, insistió.

Acto seguido, Elsa Herrera Bautista del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Puebla, determinó que entre 2005 y 2016 el gobierno de Puebla registró un proceso regresivo en relación con sus obligaciones de garantía y protección de los derechos vida, al desarrollo, a la seguridad y al bienestar de la mayoría de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Al respecto, argumentó que Puebla presentó una tasa de mortalidad de 26.3 defunciones por cada 100 mil en menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas cuando a nivel nacional el promedio es de 19.6 por cada 100 mil. De esa cifra, según la UNICEF, más del 90 por ciento de los casos pudieron evitarse por tratarse de infecciones.

Otros especialistas también hablaron sobre las violaciones a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI), en el estado de Puebla.

Karen Torres Hernández expuso la situación de los Derechos Humanos de las mujeres, sobre los cuales refirió que a pesar de los esfuerzos en la adopción de medidas legislativas, de organización de la estructura gubernamental y de política pública, la violencia contra las mujeres, incluida la discriminación, sigue siendo un problema evidente en Puebla.

La falta de actuación e impunidad estatal frente a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, desencadena el número de feminicidios. De 2010 al 30 de mayo de 2017, el Observatorio de Violencia Social y de Género documentó 410 probables feminicidios.