El gobierno de Argentina provocó un escándalo al deportar a activistas y periodistas que iban a participar o a cubrir la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que comenzará el próximo domingo en Buenos Aires.

Con una lista en mano, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades migratorias impideron el ingreso al país de ciudadanos extranjeros cuya acreditación al encuentro de la OMC había sido aceptada previamente.

El caso más alarmante de este viernes fue el de la periodista británica y residente en Ecuador, Sally Burch, quien permaneció retenida durante varias horas en el aeropuerto y finalmente deportada a Quito.

Organizaciones argentinas lograron que un juez emitiera en favor de Burch un “hábeas corpus”, sin embargo, cuando el documento fue llevado, la periodista ya había sido metida a un avión con destino a Ecuador, y aunque se hicieron esfuerzos de último minuto para que la dejaran salir, no lo logró.

La víspera se negó la entrada de Petter Titland, activista noruego y dirigente de la organización no gubernamental Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC).

Titland fue enviado a Brasil después de haber sido retenido durante varias horas en Ezeiza, lo que ya provocó quejas del gobierno noruego y representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una reconocida organización de derechos humanos de Argentina, informó que tramitó sin éxito un “hábeas corpus” preventivo en favor “de los extranjeros incluidos en la lista negra del Poder Ejecutivo”.

También denunció que el gobierno “no informó aún qué tipo de inteligencia hizo sobre las organizaciones de la sociedad civil, con qué criterios denegó la acreditación para participar en la OMC, qué personas integran la lista ni por qué motivos específicos”.

Una docena de organizaciones de Argentina enviaron una carta al presidente Mauricio Macri, el canciller Jorge Faurie y la presidenta de la Conferencia Ministerial de la OMC, Susana Malcorra, para denunciar la revocación de acreditaciones de representantes de la sociedad civil.

“Es la primera vez en la historia de la OMC que un país anfitrión adopta una medida de esta naturaleza, sentando un precedente grave en materia de relaciones internacionales”, advirtió la misiva firmada por el Cels, Greenpeace, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras.

Esta decisión, agregaron, “deja a Argentina en una posición extremadamente incómoda ya que constituye una limitación a las reglas básicas de funcionamiento de la OMC que incluyen la participación de las organizaciones de la sociedad civil acreditadas en el proceso”.

Al instar al gobierno a revertir esta decisión “carente de todo fundamento”, explicaron que las organizaciones y los expertos excluidos son destacados investigadores, activistas, promotores del debate público con larga y sustantiva trayectoria en el campo de las negociaciones y del comercio internacional.

La cancillería, por su parte, explicó en un comunicado que el equipo de seguridad de la conferencia de la OMC detectó que varios de los acreditados “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.

Por eso, justificó, “la organización local ha entendido oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial”.