El gobierno de Honduras utiliza “tácticas peligrosas e ilegales” para silenciar a las personas en disenso, en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país centroamericano en una década, denunció Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, el organismo humanitario indicó que estas tácticas incluyen emplear violencia excesiva contra manifestantes, lo que ya ha provocado la muerte de varias personas, así como impedir que abogados y activistas visiten a las personas detenidas durante las protestas.

Esta situación en Honduras se presenta, luego de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre pasado, tras las cuales no se ha declarado a un ganador.

“Honduras pareciera estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos comunes están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes”, consideró la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas. 

Destacó que la evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras, y que cuando lo hacen enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.

La representante llamó a detener todo el uso ilegítimo o excesivo de la fuerza de policías y militares contra las personas que protestan, acabar con las detenciones arbitrarias e investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos.

El informe fue emitido luego de que una delegación de AI se reuniera con activistas y víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis y el estado de excepción que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre.

De acuerdo con AI, los delegados de su organización documentaron una plétora de violaciones contra manifestantes y otras personas.

Al menos 14 personas fallecieron, muchas de ellas por heridas de bala, y decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones, que fueron generalmente pacíficas tras las elecciones, de acuerdo con funcionarios públicos y defensores de derechos humanos.

El 1 de diciembre pasado, las autoridades impusieron un toque de queda que, de acuerdo con la mayoría de personas entrevistadas, incrementó los riesgos a la vida e integridad de las personas.

Un defensor de derechos humanos dijo a AI que aunque el acoso y los golpes sean comunes durante las protestas en Honduras, en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles.

Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes, y en algunos casos dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009.

Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información de la Policía Nacional a AI.

El informe emitido este viernes indica que durante el toque de queda impuesto por las autoridades hondureñas el pasado 1 de diciembre, las fuerzas de seguridad han operado “con los más altos niveles de impunidad”.

Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años, procedente de Tegucigalpa, fue asesinado el pasado 3 de diciembre. De acuerdo con familiares de la víctima, ésta protestaba pacíficamente fuera de su casa cuando efectivos de la policía militar llegaron, dispararon al alumbrado público y luego le dispararon a la cara.

“La policía militar pareciera estar implicada en varios casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones y durante el toque de queda”, subrayó AI.

La tensión en Honduras inició luego de que el 27 de noviembre por la madrugada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diera a conocer una primera tendencia, basada en el 57 por ciento de la revisión de votos, que otorgaba una ventaja de cinco puntos al candidato de oposición, Salvador Nasralla.

Dos días más tarde, sin embargo, el TSE dio a conocer una tendencia diferente, apuntando a la victoria del rival de Nasaralla, el actual presidente Juan Orlando Hernández.