Tribunal administrativo local pide más de mil 929 mdp para 2018

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México registró en los últimos cinco años aumento de 56 por ciento en asuntos y actos impugnados en multas de tránsito, construcción...

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México registró en los últimos cinco años aumento de 56 por ciento en asuntos y actos impugnados en multas de tránsito, construcción, responsabilidades de servidores públicos y establecimientos mercantiles.

La magistrada presidenta de este tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, consideró que para atender más casos es necesario contar con un presupuesto de mil 929 millones 454 mil pesos el próximo año.

Detalló que este monto es necesario para atender las necesidades del Sistema Anticorrupción, que incluye la construcción del inmueble y el cumplimiento a ejecutorías de amparo.

Es decir, en el gasto corriente se invertirían 481 mil 74 pesos, y en el Sistema Anticorrupción mil 448 millones 380 mil pesos.

La magistrada se reunió con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa que preside el perredista Mauricio Toledo, con el propósito de analizar sus necesidades de presupuesto para 2018.

Esquivel Mossa indicó que el Sistema Anticorrupción requerirá gastos de operación, como es la nómina para 20 magistrados y personal asignado, así como la renta del edificio para instalaciones complementarias.

También para el arrendamiento de equipo de cómputo, papelería y materiales de oficina.

Agregó que estos gastos incluyen la contratación de servicios para sede complementaria, limpieza, internet, telefonía y vigilancia con un costo aproximado de 402 millones 776 mil 784 pesos.

Respecto a los gastos de inversión, detalló que serían  de 35 millones 23 mil 216 pesos.

Refirió que aparte de los 20 magistrados que conforman el Sistema Anticorrupción, en el Tribunal están 47 secretarios de Estudio y Cuenta y de Acuerdos; dos secretarios generales adjuntos, 50 enlaces administrativos, 22 actuarios, 63 oficiales jurisdiccionales, así como 227 operativos. En suma, son 440 servidores públicos involucrados.