La comisión de derechos humanos del gobierno de México exhortó al ejército a no usar palabras ambiguas en sus órdenes, después que activistas revelaron que las autoridades castrenses habían emitido una directriz que en esencia decía que los efectivos debían matar a presuntos criminales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo el martes que hizo una petición formal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que pide revisar y corregir los vocablos que usa para evitar "imprecisión o ambigüedad".

La semana pasada, activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez difundieron una copia de las órdenes entregadas a un batallón del ejército que mató a 22 presuntos delincuentes en junio de 2014. Las investigaciones determinaron que la mayoría de las víctimas fueron baleadas después de haberse rendido o estando desarmadas.

Los soldados recibieron la orden de "abatir" a los criminales, una palabra que en México se entiende de manera general como "matar". Otros puntos en las órdenes de tres páginas, las cuales son algo contradictorias, también les pedían a los militares que respetaran los derechos humanos.

Posteriormente, las autoridades federales argumentaron que "abatir" puede significar otras cosas, tales como derribar o humillar. Pero incluso el ejército y las fuerzas policiales han usado esa palabra en forma uniforme en comunicados de prensa anteriores con el significado de "matar".

El ejército defendió las órdenes, pero desde el principio ha tenido una actitud contradictoria en torno al tiroteo. Abrió una investigación penal el mismo día en que ocurrió, el 30 de junio de 2014, pero también emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que los 22 fallecidos habían sido muertos durante un intenso enfrentamiento a balazos que comenzó cuando los sospechosos les dispararon a los soldados.

Una investigación de la CNDH halló posteriormente que entre 12 y 15 de las víctimas fueron muertas ya desarmadas después de que se habían rendido.

La Sedena ha dicho que los homicidios en el municipio de Tlatlaya, al oeste de la Ciudad de México, fueron obra de siete soldados acusados en el caso y no ha implicado a ningún oficial. En noviembre, tres de los soldados en la patrulla fueron acusados de homicidio con agravantes, mientras que a otros cuatro, incluido un teniente, se les aplicaron cargos de acciones inadecuadas para el servicio público por no reportar los asesinatos. No ha habido juicios ni veredictos en el caso.

Los interrogantes en torno a los homicidios fueron puestas ante la opinión pública por primera vez en un reporte de The Associated Press que hacía notar contradicciones en la versión del ejército. Los periodistas de la AP que visitaron el lugar de los hechos tres días después del tiroteo encontraron poca evidencia de una larga batalla. En lugar de ello, los muros mostraban un patrón repetitivo de uno o dos agujeros de bala ubicados cerca uno de otro rodeados de sangre salpicada, lo que daba la apariencia de que algunos de los muertos habían estado de pie frente a la pared y se les había baleado a aproximadamente la altura del pecho.

El ejército ha recibido autorización para participar en operativos antinarcóticos y policiales sólo bajo el papel de "apoyo" a la policía y los fiscales.

El Manual de las Fuerzas Armadas sobre el Uso de la Fuerza afirma que los soldados sólo pueden usar sus armas de fuego "en legítima defensa" de ellos mismos o de otras personas, en casos de peligro o muerte inminente o lesión grave, o para evitar que se cometa un delito que involucre una amenaza a la vida, y sólo en el caso en que otras medidas menos extremas sean insuficientes para alcanzar esos objetivos.