Llaman a impulsar participación ciudadana en políticas públicas

Académicos y legisladores se pronunciaron por impulsar la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, en el marco de la XXVII Asamblea Internacional de la Asociación Nacional de...

Académicos y legisladores se pronunciaron por impulsar la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, en el marco de la XXVII Asamblea Internacional de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los Estados y del Distrito Federal (ANOMAC).

Además, en ese marco, la ANOMAC entregó un reconocimiento institucional a la Cámara de Diputados por enriquecer el trabajo legislativo y la profesionalización.

Durante la clausura del acto, se otorgó un diploma a Juan Carlos Delgadillo Salas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, por coadyuvar a los trabajos de este evento.

Ante los representantes de congresos de 13 países y 28 estados, agradeció a nombre de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro el diploma que será colocado en el muro de honor de biblioteca legislativa.

El presidente de la Asociación, Javier Domínguez, consideró fundamental informar a la ciudadanía sobre la tarea de los legisladores: “debemos enfatizar que en el Congreso se da la mayor fiscalización de los recursos públicos, se crean leyes, se define el orden jurídico que permiten el desarrollo la sociedad".

En su ponencia, el oficial mayor de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de Chile, John Smok Kazazian, advirtió sobre los desafíos para superar el desprestigio popular que enfrentan los congresos.

Propuso actuar con transparencia, probidad y lenguaje claro, y elevar sus estándares, así como combatir la corrupción e implementar medidas para fortalecer la eficiencia y hacer efectiva su responsabilidad popular.

Expuso que la confianza en la sociedad se genera a través de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos, y destacó el uso de las nuevas tecnologías para difundir el quehacer legislativo en abierta vinculación con los ciudadanos.

Urgió a establecer exigencias de probidad no sólo a los legisladores sino a los candidatos a un puesto de elección popular que vayan más allá de sus datos generales y patrimoniales, incluso analizar sus antecedentes judiciales y penales.

Planteó también la necesidad de responsabilizar a los partidos en caso de incumplimiento e imponerles sanciones y multas, a fin de un efectivo respeto de las reglas.

Por su parte, el académico José Luis Camacho Vargas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó los retos del Congreso mexicano para lograr restablecer la credibilidad de la ciudadanía.

Uno de ellos, dijo, es la participación ciudadana, pues aunque se ha avanzado es necesario brindar mayores espacios en la formulación de políticas públicas.

Otro reto es la imagen que tienen los legisladores ante la población, pues la falta de comunicación respecto al trabajo legislativo ha generado una desacreditación; por ello es fundamental impulsar un mecanismo de promoción de su labor.

Asimismo, se requiere capacitar a los asesores y al aparato de apoyo de los legisladores, a fin de que coadyuven con los diputados y senadores a cumplir con sus tareas de representación, gestoría, fiscalización de los recursos públicos y generar reformas eficaces para la ciudadanía.

Consideró que se deben revisar los requisitos legales de quienes desean ocupar un cargo legislativo, pero esto sin duda es función de los partidos políticos, que revisen las cualidades de sus aspirantes y los ciudadanos elijan al mejor representante.

Sandra Abinader, diputada del Congreso Nacional de la República Dominicana, aseveró que “se ha perdido la fe en la clase política; por ello, tenemos que responder al desafío de conectar al político con los ciudadanos”.

Convocó a romper ese paradigma y vincular al parlamentario con los ciudadanos mediante la tecnología.

Propuso instalar en cada curul un buzón abierto de sugerencias digital o físico para el ciudadano, como mecanismo de retroalimentación de cómo se desarrollan las actividades legislativas frente a las necesidades de la población, para garantizar respuestas.