La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa promoverá una auditoría especial para revisar el contrato que se contrajo por la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó la diputada local Elena Segura Trejo.

De acuerdo con la legisladora, se simuló un contrato de arrendamiento bajo la figura de proyectos de prestación de servicios, pero lo que se dejó fue una deuda de más de 30 mil millones de pesos a largo plazo, por lo que es necesaria una nueva investigación al exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard.

Abordada luego de la comparecencia del director del STC, Jorge Gaviño, dio a conocer que promoverá una revisión exhaustiva en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para definir las acciones a tomar, pero no permitirán la impunidad en este caso.

La asambleísta destacó que aunque ya hubo auditorías y una investigación que derivó en la inhabilitación por 10 años del exdirector del Metro, Francisco Bojórquez, y por 20 a Enrique Horcasitas, exdirector general del Proyecto Metro, por lo que en su opinión se trata de un tema específico que involucra a Marcelo Ebrard y Mario Delgado.

Según la perredista, tanto el exjefe de gobierno, como quien fue su secretario de Finanzas, deberán responder ante la opinión pública sobre las condiciones en que se firmó dicho contrato que de ninguna manera benefició a la Ciudad de México.

“Ahora que se abrió la información, se tienen más elementos, porque en la investigación anterior no hubo acceso a la información porque estaba reservada, pero ahora que ya está abierta la información, podemos hacer la revisión para deslindar responsabilidades”, argumentó.

La diputada local recalcó que irán tras los responsables que autorizaron ese tipo de mecanismo financiero que además presume Mario Delgago, ahora senador de Morena.

Si las investigaciones así lo determinan, enfatizó Segura Trejo, los responsables de esa deuda deberán tener una sanción ejemplar.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Iván Texta Solís, abundó que se trata de una deuda que se dejó a la Ciudad de México sin que pasara por la Asamblea Legislativa, la cual debió autorizarla.

La revisión no será fácil porque ellos generaron un esquema para darle la vuelta a la ley y dejar una renta para las empresas contratistas, es decir, se cuidaron más los intereses de las empresas que de la ciudad, añadió.