Enfrentados empresarios y comunidades por minería en Guatemala

Empresarios y comunidades indígenas renovaron su enfrentamiento por las actividades de la industria extractiva, tras un fallo de la justicia que ordenó suspender de manera temporal las operaciones de...

Empresarios y comunidades indígenas renovaron su enfrentamiento por las actividades de la industria extractiva, tras un fallo de la justicia que ordenó suspender de manera temporal las operaciones de una mina en Guatemala.

La nueva disputa fue motivada por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendió de manera temporal la operación de la mina San Rafael, filial de la transnacional canadiense Tahoe Resources.

La Gremial de Industrias Extractivas manifestó su preocupación debido a que el fallo “deja sin trabajo a más de 17 mil personas y afecta la economía de más de 85 mil guatemaltecos en el municipio de San Rafael las Flores”, que “dependen de esta empresa para subsistir”.

La entidad empresarial afirmó que sólo en seis días de falta de operaciones, por la suspensión de la licencia, han dejado de circular en la economía 50 millones de quetzales (6.8 millones de dólares) y “de prolongarse” el cierre “ocasionará el desplome del 1.0 por ciento” del Producto Interno Bruto (PIB).

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) exigió “certeza jurídica” y advirtió que el fallo emitido en contra de la Minera San Rafael “elimina inversiones” y pone en riesgo la generación de empleos formales.

La resolución de la CSJ, que se anunció el pasado 5 de julio, estableció que la minera operaba sin haber cumplido una consulta entre la población de la zona y no respetó los derechos de los pueblos indígenas.

Dirigentes de las comunidades indígenas del país acusan al sector privado de “no velar por los intereses de la población” y apoyar actividades industriales que “devastan el ambiente y saquean los recursos naturales”.

Andrea Ixchij, una joven representante de la comunidad indígena, afirmó que “las comunidades han cuidado sus recursos que ahora –con las hidroeléctricas y la minería- se vuelven reservorios para la energía que explotan las empresas”.

Sostuvo que con la actitud de estas compañías, de no consultar a las comunidades afectadas, “se perpetúa el modelo colonial extractivo, que al final no es exclusivo de Guatemala pues los pueblos originarios lo padecen alrededor del mundo”.

Según dirigentes de comunidades indígenas donde se impulsan proyectos de la industria extractiva, seguirán “la resistencia y la movilización por nuestros derechos que no defiende el Estado”.

El pasado martes, la cúpula empresarial solicitó la “urgente intervención directa” del titular de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, para propiciar “vías de entendimiento” y superar el conflicto.

En una carta firmada por Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la máxima organización empresarial del país, se pidió la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT, al que está adherido Guatemala.

En la disputa entre el sector privado y comunidades afectadas por la industria extractiva han intervenido el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente Jafeth Cabrera, en favor de las inversiones y de las operaciones.

El vicepresidente Cabrera dijo que con el fallo judicial se genera una imagen negativa para el país por reflejar una falta de certeza jurídica y de incumplimiento con las inversiones extranjeras.