Helicóptero de película prende alarmas esta semana en Venezuela

– Un helicóptero de la policía judicial que fue secuestrado y atacó dos sedes del poder venezolano prendió las alarmas esta semana dentro de la prolongada crisis política del país, durante la cual se...

– Un helicóptero de la policía judicial que fue secuestrado y atacó dos sedes del poder venezolano prendió las alarmas esta semana dentro de la prolongada crisis política del país, durante la cual se profundizó el choque entre el Ejecutivo y la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

El presidente Nicolás Maduro denunció el atentado como un “intento terrorista y golpista”, que algunos pensaron que podría ser un alzamiento de la Fuerza Armada.

El hecho ocurrió mientras Maduro entregaba un premio por la celebración del día del periodista, el martes, cuando todos los focos apuntaban al acto.

La aeronave fue secuestrada por el piloto Óscar Pérez, un agente con más de 15 años en la policía, además de ser buzo, paracaidista y actor, quien hace dos años protagonizó la película “Muerte suspendida”.

El ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior no dejó víctimas.

De acuerdo a la versión oficial, en su incursión disparó 15 veces y lanzó cuatro granadas, de las cuales una no estalló.

El helicóptero fue encontrado horas después abandonado en un sector de la región costa de Vargas, mientras el piloto sigue prófugo, con una orden de detención con código rojo a la Interpol.

El gobierno vinculó a Pérez con el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, a quien acusa de formar parte de un complot y para descalificarlo lo acusó de tener lazos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

El viernes, Maduro llamó al pueblo a cooperar en la captura del piloto rebelde, que para su sobrevuelo colgó en la aeronave una pancarta que decía “libertad” y 350, por el artículo de la Constitución que llama a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que viole las garantías democráticas y los derechos humanos.

Solo a través de las redes sociales los venezolanos escucharon el manifiesto que leyó Pérez en un video difundido poco después de su incursión en el centro de Caracas, donde la sede del TSJ está a un kilómetro de la casa de gobierno. Pérez decía ser un “guerrero de Dios” y llamó al presidente a renunciar.

Maduro señaló que la acción “criminal” del piloto no desmeritaba la labor del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, indicando que confiaba en el órgano de investigación.

Detrás del atentado quedaron muchas dudas, en torno a la facilidad como sobrevoló Caracas sin que la Fuerza Aérea lo interceptara, por qué escogió el TSJ como blanco y si Pérez formaba parte de una conspiración mayor.

El incidente ocurrió durante días claves por los ascensos y cambios en los mandos militares y en medio de las protestas contra el gobierno que han dejado 82 muertos en casi tres meses.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, mostró los daños de la sede a embajadores extranjeros, a quienes invitó, y recalcó que el órgano seguirá tomando decisiones que “necesita el país”.

Durante la semana, el TSJ anunció que iniciará el procedimiento contra la fiscal Ortega para su eventual destitución al tiempo que prohibió su salida del país y congeló sus cuentas bancarías.

Pero la fiscal, que acusó al TSJ de estar desmantelando la democracia con sus sentencias, respondió citando a dos oficiales militares para que respondan a acusaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas contra el gobierno.

Fueron citados el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González, y el ex jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada) Antonio Benavides por presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

El Ministerio Público indicó que los funcionarios deberán acudir el 4 y 5 de julio, en forma respectiva, para responder en relación con casos de allanamientos arbitrarios de viviendas, detenciones ilegales y las causas contra personas que permanecen detenidas, a pesar de que los tribunales han emitido órdenes de liberación, así como por hechos relacionados con la muerte de 23 personas en las manifestaciones.

La comunicación de la Fiscalía señaló que promoverá acusaciones contra González por supuestamente cometer “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

Benavides fue hasta hace unos días el comandante de la Guardia, el cuerpo militar que acompaña a Policía Nacional en el control del orden público y contener las manifestaciones opositoras. Maduro lo había designado jefe del gobierno del Distrito Capital, un ente que está por encima de la alcaldía local.

Maduro replicó a la fiscal expresando su apoyo “total” a los oficiales. Dijo que Ortega pretende perseguir a estos "altos oficiales bolivarianos, hijos de Hugo Chávez, que se han puesto al frente en la defensa de la paz del país".

"(González y Benavides) se han puesto al frente de la defensa de la paz de la república y llamo al pueblo a defender en la calle a estos dos valiente oficiales", señaló Maduro. "Juntos siempre, traidores jamás”, dijo mientras posaba para los fotógrafos abrazado con los oficiales cuestionados.

Mientras, la oposición anunció una nueva fase en las protestas, en un intento por evitar la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente que convocó Maduro para reformar la Carta Magna, la cual considera fraudulenta.

“Maduro nos declaró la guerra, nosotros vamos a declararle la democracia y las elecciones libres y democráticas”, dijo el líder opositor Henrique Capriles.