Corte Suprema de Argentina enfrenta crisis por beneficiar a represores

La Corte Suprema de Justicia de Argentina se sumió en una crisis política, después de otorgar beneficios para recortar la pena a un represor que cometió delitos de lesa humanidad durante la dictadura...

La Corte Suprema de Justicia de Argentina se sumió en una crisis política, después de otorgar beneficios para recortar la pena a un represor que cometió delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983), en un fallo que conmocionó y movilizó a la sociedad.

La semana pasada, el máximo órgano de justicia aplicó una ley conocida como “2x1”, que cuenta doble el tiempo que un acusado estuvo preso sin condena, en beneficio del represor Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por secuestro y tortura.

El voto fue dividido, ya que los jueces Elena Highton, Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti fallaron a favor y Juan Carlos Maqueda y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en contra.

Una creciente oleada de repudio social desembocará mañana en una marcha en la Plaza de Mayo, encabezada por organismos de derechos humanos, en repudio a la impunidad que representa la ley “2x1”.

La alarma obedece a que, con su fallo, los jueces sentaron un precedente para que cientos de represores condenados por delitos de lesa humanidad empezaran a solicitar que también se les aplique la “2x1” y se reduzcan sus condenas.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió este martes una investigación penal en contra de los tres jueces que votaron a favor de la “2x1”, quienes fueron denunciados por el abogado Marcelo Parrilli por violar leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El fiscal explicó que el denunciante considera que la sentencia forma parte de la nueva política de Estado que puso en marcha el presidente Mauricio Macri, y que ha implicado un retroceso en las políticas de derechos humanos.

Agregó que, según el denunciante, el fallo “podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar".

A la causa penal en contra de Highton, Rosencrantz y Rosatti se sumó un pedido de juicio político por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", que presentaron este martes diputados del opositor Frente para la Victoria, el partido de la expresidenta Cristina Fernández.

El pedido lo encabezó el diputado Juan Cabandié, uno de los nietos hijos de desaparecidos y apropiados por represores recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, organismo que desde hace 40 años busca a bebés nacidos en los centros clandestinos de detención.

Desde el miércoles que se dio a conocer el fallo, ninguno de los cinco jueces de la Corte Suprema ha aparecido públicamente para explicar una decisión que reabrió heridas de una de las etapas más trágicas sufridas por los argentinos.