Validan acuerdo de tribunal electoral mexiquense sobre Junta Distrital

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral federal resolvió el juicio promovido por un ciudadano en contra del acuerdo del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual determinó que...

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral federal resolvió el juicio promovido por un ciudadano en contra del acuerdo del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual determinó que el actor no cumple con el perfil para desempeñar la función de vocal de la Junta Distrital referida.

En sesión pública, los magistrados de la Sala Regional resolvieron el juicio ciudadano ST-JDC-18/2017, y consideraron adecuadas las consideraciones emitidas por el Instituto estatal al emitir el acuerdo impugnado.

Lo anterior, al considerar grave la conducta del actor, ya que afectó el principio de legalidad y que fue una circunstancia que repercutió en actividades del órgano desconcentrado en un alto grado y de profesionalismo.

En otro asunto, resolvieron el expediente ST-JE-4/2017, promovido por diversos ciudadanos, en contra del acuerdo plenario de incumplimiento de sentencia, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En primer término, consideraron sobreseer la demanda respecto a la sentencia emitida por el tribunal responsable que condenó al presidente municipal y los integrantes del Ayuntamiento de Gabriel Zamora al pago de la cantidad disminuida a la dieta de los actores en el juicio primigenio, en razón de que éstos carecen de legitimación para impugnarlo.

Por otro lado, el resto de los agravios se consideraron por un lado infundados y por el otro inoperantes, ya que en esencia adujeron que existió falta de exhaustividad de la responsable al valorar las pruebas que aportaron para acreditar que se encontraban en vías de cumplimiento.

Sin embargo, los actores no evidenciaron de qué manera debieron haber sido valoradas o lo que pretendían acreditar con cada una de ellas, además de que los actores promovieron oportunamente su demanda para controvertir la resolución que, en su concepto, les causaba perjuicio.

Es decir, que su derecho a una legítima defensa no se vio afectado de manera sustancial, ya que los mismos conocieron oportunamente las consideraciones que tuvo la responsable para emitir la sanción combatida, por lo que se confirmó la sentencia impugnada.