Escena del crimen
Imagen de archivo de una escena del crimen en México. Alejandrino González / NOTIMEX

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, demandó la intervención oportuna del Estado en las investigaciones del ultraje cometido contra seis mujeres españolas, ocurrido el fin de semana pasado, en Acapulco, Guerrero.

Ante EPN, el titular de la Comisión pidió llevar hasta las últimas consecuencias a los responsables Al presentar su Informe de labores 2012, ante el presidente Enrique Peña Nieto, pidió completar la investigación y llevar, hasta las últimas consecuencias, a los responsables.

En su informe, el ombudsman citó, como un caso especial, a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal por la negativa recurrente de su entonces titular, para aceptar o cumplir las recomendaciones del organismo.

Dijo que el año pasado también se registró un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, derivado de las acciones y enfrentamientos de las autoridades encargadas de la seguridad pública contra la delincuencia organizada, y entre los propios grupos delictivos.

Advirtió que otro problema que refleja alta percepción de inseguridad por parte de la población, y la falta de confianza en las autoridades, son las acciones de autodefensa, aquellas donde los habitantes deciden tomar la justicia por propia mano.

Hoy mismo, dijo, los casos que se presentan en comunidades del estado de Guerrero son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones.

Las dependencias más cuestionadas

Entre las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos, mencionó: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y la Comisión Federal de Electricidad.

Además, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.