Analiza Corte negar amparo a uno de los fundadores de la Familia Michoacana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza negar el amparo solicitado por Jesús Méndez Vargas, apodado “El Chango”, identificado como uno de los fundadores de la Familia Michoacana, en...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza negar el amparo solicitado por Jesús Méndez Vargas, apodado “El Chango”, identificado como uno de los fundadores de la Familia Michoacana, en contra de su extradición a Estados Unidos.

El proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea será discutido este miércoles por la Primera Sala del máximo tribunal constitucional del país, y propone no amparar a Méndez Vargas en contra de los artículos 33 y 34 de la Ley de Extradición Internacional.

Ello, debido a que Méndez Vargas alegó que la Ley de Extradición Internacional dispone que el Estado mexicano cuenta con 60 días para ejecutar la entrega, mismos que ya trascurrieron, pues su entrega fue autorizada en septiembre de 2014.

Sin embargo, el proyecto de resolución del ministro Zaldívar explicó que el término comenzará a contar a partir de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ponga a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) al requerido.

La situación anterior solo ocurrirá cuando la cancillería haya verificado que no haya juicios de amparo pendientes o revisiones o suspensiones que devengan de ellos.

Si la persona ejerció su derecho y presentó una demanda de amparo, la SRE está obligada a esperar la resolución definitiva del mismo y sólo cuando exista una sentencia de amparo definitiva que niegue la protección se ordenará la entrega de la persona.

Aclaró que hasta que se emita una sentencia que niegue en definitiva el amparo, será cuando empiece a computarse el término de 60 días, y si en ese tiempo el Estado solicitante no ejecuta la extradición, entonces no tendrá facultad para hacerlo a futuro.

Este es el último recurso del que dispone “El Chango” para detener su extradición a Estados Unidos, en donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York lo requiere por delitos relacionados con el tráfico de drogas.